Honduras copió la política energética mexicana, la cual desdeña a las energías renovables, y ahora enfrenta la amenaza de arbitrajes internacionales en su contra por más de 300 millones de dólares.
La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, publicó el 16 de marzo pasado, una ley que obliga a renegociar contratos de energía solar, eólica e hídrica, así como los precios en los que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) adquiere la electricidad.
Se trata de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social.
En ella se establece que de no lograrse el acuerdo con las empresas, el Estado podrá autorizar la terminación de los contratos y adquirir los proyectos a un ‘justiprecio’.
Adicional a esta ley, el Gobierno hondureño ha restringido el despacho de energía limpia, pues aunque tienen un 60 por ciento de capacidad instalada, solo 51 por ciento de la generación fue renovable al inicio de 2022.
Incluso detuvo los pagos a las empresas por la energía generada y entregada.
Las empresas han buscado establecer acuerdos con el Gobierno para evitar que se inicien arbitrajes internacionales.
Dicha política fue aplaudida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 6 de mayo en una visita de Estado.
Roberto Lagos, analista económico y político de Honduras, explicó que si bien el Gobierno está en el derecho de establecer cambios regulatorios, es indispensable establecer seguridad a las empresas e inversiones realizadas.
