Como medida cautelar en lo que va de esta Administración, al menos nueve funcionarios de ocho alcaldías han sido suspendidos por la Contraloría General de la Ciudad.
El caso más reciente fue el de César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Miguel Hidalgo.
Según documentación a la que tuvo acceso REFORMA, la misma medida cautelar se aplicó antes a otros servidores públicos de Tlalpan, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa.
En Tlalpan, cuando gobernaba la morenista Patricia Aceves, se suspendió a dos directores generales y un director administrativo; a Alejandro Mendoza, director general de Administración; Katherine Estephany Ponce, directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales, e Israel Pérez Gómez, director de Participación Ciudadana.
En tanto, en Coyoacán también se suspendió a dos funcionarios; Rodrigo Méndez, director de Desarrollo Social en el Gobierno del Alcalde Manuel Negrete y a Armando Jiménez, concejal del PRD.
Las razones han sido principalmente por violar sus atribuciones y presuntas irregularidades administrativas.
Afirma Contralor que suspensiones son conforme a la ley
Juan José Serrano, Contralor capitalino, confirmó en entrevista con REFORMA, las suspensiones y afirmó que todos los acusados podrán responder sobre ello conforme a la ley.
«En el trienio pasado sucedieron sanciones hacia un partido específico, emanado de Morena. Tenemos de todos los partidos políticos, tanto suspendidos mediante medida cautelar, como inhabilitados», aseguró.
El Contralor indicó que la suspensión como medida cautelar se ha determinado cuando hay riesgo mayor para los afectados y se requiere frenar la actuación que representa daños, así como apartar al acusado para evitar que intervenga en la investigación.
Respondió sobre el caso de Miguel Hidalgo y dijo que el funcionario podrá tener derecho de audiencia en el momento que la ley lo permita.
De acuerdo con el funcionario, en el caso contra Garrido ya se había advertido una conducta que ponía en riesgo a los habitantes que lo denunciaron y se investigará su respuesta al respecto.
«Sí se hizo contacto con la dirección general jurídica con el fin de que se remediara esto, que se mitigara, existió un acercamiento.
«Debe puntualizarse que existían por parte de la propia Alcaldía dos dictámenes de Protección Civil, donde el inmueble se determinaba de alto riesgo», explicó.
Aunque la Contraloría no ha presentado un informe detallado sobre sanciones en alcaldías, Serrano rechazó las acusaciones que miembros del PAN han hecho sobre una persecución contra la Oposición.
