Francisco Javier Acuña
A propósito de la inflación disparada y galopante, además de otras señales que arrojan las políticas públicas de esta administración que se dice opuesta a la tendencia neoliberal, viene a cuento recordar.
La inflación al alza nos recuerda mucho, –a los que tenemos edad para recordar–, aquellos años aciagos del sexenio de Miguel de la Madrid, en el que se hizo evidente la repercusión de los excesos de “la docena trágica”: los dos sexenios anteriores: los gobiernos populistas, el de Luis Echeverría (1970-1976) y el de José López Portillo (1976-1982). Con esa racha se agotó el modelo denominado del “desarrollo estabilizador”, que permitió durante las décadas anteriores un crecimiento promedio del 6% anual.
Luis Echeverría comenzó un gasto público excesivo sin que los ingresos incrementaran, un déficit fiscal y un déficit en la cuenta corriente con el exterior.
López Portillo llevó a la quiebra las finanzas públicas, la escandalosa deuda externa de 90 mil millones de dólares y dos devaluaciones y una inflación anualizada de 100 por ciento; se esfumaron más de 30 mil millones de dólares de reservas; el presidente decidió “resolver” la crisis con dos decretos, y el 1º de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, dijo a la nación que horas antes había expropiado la banca privada e impuesto un control generalizado de cambios.
México oficialmente, aunque con mucha discreción, imploró ayuda de Washington y una carta de 36 diputados estadunidenses informó al presidente norteamericano Ronald Reagan que México iba camino al comunismo si no intervenía.
Al finalizar el gobierno de De la Madrid, se instrumentó el Pacto de Solidaridad Económica para estabilizar la economía del país y bajó la inflación de manera notable.
Carlos Salinas de Gortari estableció la emisión de Tesobonos para cubrir el déficit; prácticas bancarias relajadas y la rebelión del EZLN y la muerte del candidato presidencial del PRI dejaron una bomba de tiempo.
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La crisis se gestó por el surgimiento de altos beneficios en el corto plazo en el área de inversión especulativa, particularmente de Cetes y Tesobonos, emitidos por el gobierno mexicano para financiar el gran gasto durante el sexenio de Salinas de Gortari y la crisis de finales de 1994 y principios de 1995.
A estas alturas cabe preguntarnos si el Fobaproa habría sido inevitable. Probablemente, si no hubiera sido por la “docena trágica” acaso se habría evitado llegar a las delicadas decisiones adoptadas entre 1982 y 1994. Buena parte de los efectos de la “docena trágica” fueron: endeudamiento externo desproporcionado, dispendio público, devaluaciones e inflación exponencial obligaron a los siguientes gobiernos a una sujeción a las exigencias de la economía neoliberal.
La reforma económica que dio autonomía constitucional al Banco de México, entre 1990 y 1992, era imprescindible para garantizar inversión extranjera y estabilidad económica, la reforma política que concedió autonomía constitucional al IFE (ahora INE), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otras, fueron exigencias que, a modo de “cláusula democrática”, exigieron Estados Unidos de América y Canadá para suscribir el TLC –hoy T-MEC–, y Europa para los tratados con la Unión Europea.
La ideologización de “la economía de Estado” de los gobiernos populistas de 1970 a 1982 forzaron la emergencia y la sujeción a la economía neoliberal.
