Alexis Massieu
De resultar alguna responsabilidad penal durante el proceso administrativo que se abrió por el Consejo de la Judicatura contra el Juez Miguel Ángel Castillo Sarabia, la Fiscalía General del Estado estará obligada a investigar, polémicas resoluciones respecto a las cuales al día de ayer no se han presentado denuncias afuera del Poder Judicial.
Sobre la queja interpuesta por un agente del Ministerio Público, cuya investigación al interior del PJE, llevó a la suspensión del Juez Miguel Ángel Castillo, el Delegado en la Región Centro de la FGE, Rodrigo Chaires Zamora, dijo el día de ayer que permanecen a la expectativa del resultado definitivo del planteamiento que hicieron, el cual pudiera ser materia de delito de resultar alguna responsabilidad penal además de la administrativa.
Indicó que, durante los procesos legales o juicios, hay recursos legales e inconformidades que se pueden plantear tras realizar un análisis jurídico sobre algo que en apariencia no esté apegado a la legalidad.
Sobre las decisiones que tome el Consejo de la Judicatura, indicó que la FGE no tiene una intervención directa, y se trata de determinaciones internas que tienen que respetar manteniéndose al margen.
“Nuestra actividad termina con el planteamiento de carácter legal, no son decisiones personales, antes del planteamiento hay un análisis de la situación, que debe sustentarse, y de eso enteramos al Poder Judicial que en su caso dará seguimiento a esas inconformidades, y las medidas que se tomen son ajenas a la Fiscalía General del Estado.
Señaló que como el procedimiento interno del Consejo de la Judicatura está en curso, no puede dar detalles sobre el caso, pero confirmó que hay una queja planteada en cuanto a las decisiones que tomó una autoridad judicial, por parte de la dependencia, y reveló que hasta el día de ayer no se habían presentado denuncias en la FGE por parte de personas que pudieran considerar que se vulneraron sus derechos con las actuaciones del juez.