Por Yuriria Sierra
¿Perpetuar al fantasma?
Lo vimos en 2006: a Andrés Manuel López Obrador no le gustaron los resultados de la elección, desde entonces, a pesar de haber logrado el triunfo en 2018, no ha soltado la teoría del “fraude”. En las últimas semanas, este discurso ha sido elemento recurrente cuando se trata de justificar sus porqués de la reforma electoral. Recordemos: con ésta pretende configurar un nuevo órgano, porque no sólo se trata del cambio de nombre, también de las formas que den ruta a su organigrama y del organigrama en sí.
El lunes por la tarde quedó palomeado el dictamen de la iniciativa del Presidente en las comisiones de la Cámara de Diputados, el paso siguiente era subirlo al pleno y votarlo, pero la oposición —aquí sí muy contundente— sentenció que no, no y no, que votarán en contra. Aprovechando que Morena y sus aliados no alcanzan los votos suficientes. Lo expresaron así con más fuerza tras la marcha del 13N: la reforma electoral estaba muerta.
En su conferencia de este martes, el Presidente reaccionó y lo reconoció: no hay forma de que su iniciativa obtenga la mayoría calificada, necesaria para una reforma constitucional, así que, como lo adelantó, enviará en estos días, tal vez el fin de semana, su propuesta para modificar leyes secundarias, pero ésta no le alcanza para reformar el aparato electoral como deseaba.
Así, la agenda del día en San Lázaro se modificó también y se eliminó el debate. Ignacio Mier, coordinador de los morenistas, escribió en Twitter: “Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes…”. Minutos después, el PRI y el PAN respondieron que mañana, pasado o en Nochebuena, la votación de sus bancadas se mantiene igual: no, no y no.
Una reforma electoral que tiene sus días contados en la agenda legislativa, al menos tal como la soñó el Presidente, pero está el plan B, aunque éste tiene varias restricciones: no le permitirá reducir el número de legisladores, tampoco podría condicionar los recursos de los partidos sólo a época electoral y menos cambiar la vía de elección de consejeros y magistrados electorales.
Si los cambios que quiere López Obrador no son posibles, ¿por qué la insistencia?, ¿por qué la premura?, tenemos una elección en 2023 y el 2024 está a la vuelta de la esquina. El Presidente ha convertido este tema en su prioridad. Incluso sin pensar que el “sí” o el “no” podrían jugarle en contra. Las encuestas rumbo a la sucesión presidencial publicadas en semanas recientes ponen a Morena con altas posibilidades de mantenerse en el Ejecutivo. Lacerar el aparato electoral tan sólo con la mera insistencia en los cambios abre la puerta para mantener el fantasma del “fraude” cerca. Puede aparecer si, aun con modificaciones, el resultado no le gusta, como ha sucedido en otras ocasiones; pero también si, con todo y reforma, el resultado le resulta favorecedor a su movimiento, sería una bandera dada a la oposición para restar legitimidad al resultado de la elección. ¿O qué opciones les dejaría con un órgano electoral con otro nombre y nueva configuración, comandado por consejeros electos vía el voto popular y que opera elecciones con presupuestos mínimos? Hay razón cuando se argumenta que no es tiempo de modificaciones, que una reforma de este calado debe ser resultado de un amplio diálogo y debate, de lo contrario, lo que resulte irá en detrimento del objetivo: robustecer el aparato democrático del país.
