El plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador va por cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), desde reducir los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, eliminar los fideicomisos y destituir a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
La propuesta del mandatario, entregada hoy por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la Cámara de Diputados establece que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales por el desempeño de sus funciones no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución, es decir, el salario del presidente.
Además, establecen medidas para “proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral”, se obligará al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE.
Sobre este último punto, en constantes ocasiones Morena ha criticado los dos fideicomisos del INE, mientras que el órgano los ha defendido y ha asegurado que su operación es transparente y que son para la protección de los derechos de los trabajadores.
“Los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”, señala la iniciativa que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), pues se establece modificar la estructura tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En los transitorios se establece que dadas las modificaciones de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de la publicación de estas reformas. Con ello, se destituiría a Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en ese cargo 14 años y es una de las personas más cercanas al consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.
En la iniciativa se trata de justificar la eliminación de los fideicomisos y el ajuste a los salarios de los consejeros, pues señala que el INE fue creado para fungir como árbitro en las contiendas electorales, pero terminó siendo controlado por los partidos políticos.
“En más de 30 años de existencia, en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso de gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político de México hacia la democracia”, señala dice el documento sobre el INE.
Asimismo, critica los gastos que tiene este órgano electoral, como los salarios de sus consejeros, y advierte una estructura con duplicidad de funciones, áreas sin trabajo durante varios meses en el año, despilfarro de recursos mediante el pago de rentas, compra de materiales para urnas de mala calidad, gastos suntuosos como pago de comidas, viáticos y seguros médicos privados, así como pagos injustificados, contratación de edecanes y arrendamiento de automóviles.
