Por Yuriria Sierra
Es la reforma de 2007
Quince años después, ¿podemos decir que la reforma surtió efecto? ¡Desde luego que no!
Hoy llegará al Congreso el plan B de Andrés Manuel López Obrador para hacer cambios en materia electoral. Ya resignado a que su iniciativa constitucional no será aprobada, nos advirtió hace unos días que entonces se iría por otro camino. Poner sobre la mesa la modificación de leyes secundarias que, si bien, generarán cambios importantes en términos presupuestales, no cambiarán la estructura ni configuración del Instituto Nacional Electoral. Y previo al inicio de esta discusión, apareció el diferendo entre el mismo INE y la jefa de Gobierno. Hace unos días, el órgano autónomo ordenó a Claudia Sheinbaum que se deslinde de una campaña que maneja el eslogan #EsClaudia, con el que han aparecido pintas y hasta canciones. La orden se acató, pero ayer por la mañana el Presidente habló al respecto: “¿Por qué no pones el artículo 6º y 7º?, porque tiene que ver con los medios. Y da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación, por este artículo han luchado por siglos periodistas, desde mediados del siglo XIX…”. Y coincido, Presidente. El INE no debería tener entre sus facultades pronunciarse sobre lo que se puede o no se puede hacer previo a los tiempos electorales. Sin embargo, esta responsabilidad le fue otorgada en la reforma aprobada en 2007 apoyada por las fuerzas políticas de entonces, incluida la izquierda.
Recuerdo cuando en la discusión de aquella reforma, hace quince años, los medios de comunicación formaron parte activa de la discusión, ¿por qué tendrían que otorgar espacios gratuitos a los grupos políticos?, ¿qué sí y qué no se podría decir?, por decir algo.
Cuando se aprobó aquella ley electoral prohibicionista (soviética, como la llamamos muchos), la democracia mexicana quedó bajo regulaciones que disminuyeron su espectro de acción. En ese entonces se argumentó que fue para blindar los procesos electorales: nada de recaudación de fondos ni campañas en las que se echara la casa por la ventana; también dijeron que era para obligar a los personajes públicos a cumplir con los tiempos. Quince años después, ¿podemos decir que la reforma surtió efecto? ¡Desde luego que no! Sólo subrayó el carácter de hipocresía política, porque lo único que esa ley vigente hace es premiar la mojigatería al vigilar lo que es imposible: diferenciar la libertad de expresión con actos anticipados de campaña. En todos los grupos políticos, por ejemplo, ya hay manos levantadas con miras al 2024, ¿cómo calificamos a unos y otros entonces? O sea, la reforma de 2007 no resolvió nada.
Ésa es la que debería estar en la mira, no una nueva que busca sesgar la configuración de un organismo autónomo al que el Presidente no tendría que menospreciar, por el contrario, debería volver prioridad su perfeccionamiento. Ayer, López Obrador desdeñó de nueva cuenta al instituto: “Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo. Fui candidato, nunca me reuní con los del INE, y siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles porque sabía yo que eran árbitros vendidos…”, pero olvidó que fue justo este instituto el encargado de contabilizar los votos debidamente. Los suyos y los del resto de candidatos, como lo marca el principio democrático básico.
Otro y más fructífero sería el debate si el punto de partida fuera éste y que reconociera que es esa reforma de 2007 la que es una enemiga de la libertad de expresión, pero ha optado por volverlo una batalla innecesaria y peligrosa…
