Por Yuriria Sierra
Perú
Perú amaneció hoy con una nueva presidenta. La primera mujer en su historia en tomar el mando del país. Ésta tendría que haber sido una noticia para celebrar, para reconocer como un paso al futuro democrático de la región. Sin embargo, su nombramiento llegó en medio de uno de los momentos más complicados e incendiados de la política peruana. Dina Boluarte juró apenas después de que Pedro Castillo quedó acorralado y detenido tras su intento de disolver al Congreso. Una suerte de “autogolpe de Estado”, como una vía para librar el último intento del Legislativo para sacarlo de la presidencia. Esta vez, lo que se argumentaba era su incapacidad para gobernar, nada más porque en los menos de dos años de gobierno vio desfilar a 80 secretarios de Estado en cinco gabinetes.
Sin embargo, no era el primer intento, Castillo tiene en su expediente otros intentos de destitución. Los previos por acusaciones de corrupción. El cuento de siempre cuando se habla de política: personajes que favorecen a familiares y cercanos con contratos millonarios. Al hoy expresidente de Perú se le acusó de organización criminal, tráfico de influencias, colusión, encubrimiento y delitos contra la administración y tranquilidad pública. Fueron al menos tres intentos por sacarlo del Palacio de Gobierno.
Desde la mañana de este miércoles, su mensaje anunciando la disolución del Congreso, escudándose en sus facultades presidenciales, corrió como pólvora, pero el incendio se prendió con más fuerza cuando los legisladores votaron con amplia mayoría su destitución. De inmediato corrió la versión de que Castillo iría a resguardarse a la Embajada de México, lo que confirmó más tarde el diario El Comercio, cuando se detalló que fue arrestado por su propio escolta, luego de que funcionarios de las Fuerzas Armadas no respaldaron el anuncio de Castillo, quien no llegó a la embajada, fue entregado a las autoridades, acusado ahora por rebelión.
El expediente de Pedro Castillo es el último y más escandaloso de la política peruana, pero no el único. En once años, este país ha tenido al menos cuatro presidentes, cuya presencia quedó enmarcada con la sombra y peso de la corrupción: Ollanta Humala estuvo preso en 2017, acusado de lavado de dinero y, aunque hoy está en libertad, sigue bajo proceso; su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunció dos años después de asumir el cargo, fue señalado en el escándalo internacional de Odebrecht, también de pactar con legisladores su voto en contra de la destitución a cambio de contratos de obra pública. El siguiente fue Martín Vizcarra, quien al igual que Castillo intentó disolver al Congreso por diferencias ante la designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero luego aparecieron acusaciones de corrupción; lo sustituyó Manuel Merino, pero estuvo apenas cinco días al mando, su renuncia llegó tras días de protestas que derivaron en la muerte de dos jóvenes.
Sin embargo, el episodio de ayer, es el más álgido desde que Alberto Fujimori hizo lo propio hace 30 años. Todo un día después de que Cristina Fernández fuera hallada culpable, también de corrupción. Desde México, hubo solidaridad con ambos, porque también ahí apareció la narrativa de ataques de los conservadores, así lo expresó la vicepresidenta de Argentina, y así lo señalaron desde Palacio Nacional, porque los señalamientos de corrupción, poco importan.
