Por Pascal Beltrán del Río
Esa extraña relación con Pedro Castillo
El 3 de noviembre pasado el diputado peruano Ernesto Bustamante Donayre recibió una llamada de Pablo Monroy, embajador mexicano en Lima. Le comunicó que era urgente que se reunieran.
“Yo le propuse que nos viéramos la siguiente semana, pero me insistió en que tenía que ser de inmediato”, me dijo ayer el legislador –quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores–, en entrevista para Imagen Radio.
“Me había adelantado que quería hablar de la Alianza del Pacífico”, relató el diputado opositor, miembro del Partido Fuerza Popular, quien habló por primera vez en público sobre el tema. “Lo primero que pensé es que le interesaba tratar algún tema relacionado con el mecanismo comercial, pero, ya reunidos, me preguntó si el Congreso daría permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a México”.
A decir de Bustamante, Monroy se mostraba muy interesado en que viajara Castillo. “Me extrañó mucho la consulta, pues eso es algo que corresponde al Congreso y aún no se había tomado una decisión. Le dije que no se preocupara, que, si el presidente no iba, seguramente lo haría otro alto representante del país. Sin embargo, él insistía en la importancia de que asistiera Castillo”.
Entonces, a decir de Bustamante, el embajador Monroy propuso algo fuera de lugar. “Me dijo que una delegación de legisladores peruanos podría viajar a México con todos los gastos pagados. Yo le respondí que yo ya conocía México y que no necesitaba esa clase de invitaciones”.
El encuentro entre Bustamante y Monroy se vuelve inquietante a la luz de los hechos de esta semana. Después de hacer el anuncio de que se disolvía el Congreso, que habría toque de queda y que gobernaría por decreto, Castillo buscó refugiarse en la embajada de México, pero fue detenido y conducido a una prefectura policial.
Ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dio la orden al canciller Marcelo Ebrard para se abrieran las puertas de la embajada al despuesto mandatario y que se diera trámite a su solicitud de asilo (que fue presentada formalmente ayer).
Más allá de la afinidad ideológica con López Obrador, no parece haber razón alguna para dar refugio a Castillo. Su vida no ha estado en peligro. Si se encuentra detenido es por la grave acusación de rebelión que enfrenta por haber intentado dar un golpe de Estado, aunque éste se haya frustrado. Por si fuera poco, él y algunos de sus colaboradores han sido señalados de cometer actos de corrupción.
Ya antes de su destitución, Castillo enfrentaba seis acusaciones por haber abusado de su cargo. En una de ellas, se le imputa haber recibido un soborno por 58 millones de dólares para beneficiar con contratos de construcción a un empresario que hizo aportaciones a su campaña electoral; en otra, de haber designado a un cercano en la gerencia general de Petroperú, quien otorgó un contrato por 47 millones de dólares para comprar biodiésel a la empresa Heaven Petroleum, luego de que el dueño de ésta se reunió con el presidente.
¿Por qué debiera México asilar a alguien con esos antecedentes? Las acusaciones contra Castillo se estaban procesando por las vías constitucionales cuando éste decidió dar su autogolpe.
El gobierno mexicano intervino de manera indebida en ese proceso. El embajador Monroy no debió haber tratado de indagar si el Congreso peruano daría permiso a Castillo de viajar. Una vez que el permiso se negó, la cumbre de la Alianza del Pacífico debió seguir adelante con quienes ya habían confirmado su asistencia. Y, luego, fuera de protocolo, López Obrador anunció que la cumbre reprogramada en Lima se aplazaba, cuando México ni siquiera es el país anfitrión. Ayer, la presidenta peruana Dina Boluarte –con quien el gobierno mexicano no parece tener diálogo, pese a que en Perú hay continuidad constitucional– aclaró que la reunión se mantiene.
¿A qué viene tanto interés en defender a Castillo, un golpista que quiso evitar su destitución violentando la Constitución de su país?
