El ofrecimiento de terminar con la corrupción durante el actual sexenio no se ha cumplido debido a que no ha habido sanciones en los casos heredados, no se han recuperado los recursos robados y han surgido nuevos desvíos millonarios, considera Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Una de las principales banderas del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato ha sido la lucha contra la corrupción y ya en el cargo ha asegurado en más de una ocasión que la corrupción ha sido desterrada.
Sin embargo, indica Bohórquez, persiste la impunidad en casos como Odebrecht, en el que la empresa brasileña pagó presuntamente un soborno millonario al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien sigue bajo proceso tras haber recibido un trato preferencial por declarar en contra de otros presuntos implicados.
Tampoco existen sentencias en el caso de la Estafa Maestra, en la cual se operó un desvío millonario desde las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, y las autoridades no han determinado a dónde fueron a parar los recursos, más de 5 mil millones de pesos.
Otro caso en el que no ha habido condena judicial es en el de la planta de Agronitrogenados, en el que también está implicado Lozoya y que consistió en la compra por parte de Pemex de una planta para producir urea que estaba en estado chatarra y por la cual pagó 275 millones de dólares, un precio muy superior a su valor real.
«La promesa política de erradicar la corrupción no se ha cumplido. Los grandes casos de corrupción siguen sin recibir sentencia. Y el dinero desviado por las tramas de corrupción tampoco está de vuelta en las arcas de la nación», señala Bohórquez.
Además de estos casos, que vienen heredados de la Administración de Enrique Peña Nieto, se han sumado nuevos escándalos en los cuales no ha habido un esfuerzo decidido por parte del Gobierno para investigarlos y sancionarlos.
«El ímpetu gubernamental de acabar con la corrupción se ha ido apagando y cada vez hay más acusaciones de corrupción que involucran a funcionarios de esta administración», indica.
Entre los casos más recientes están las irregularidades por 5 mil 640.6 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante la revisión de la Cuenta Pública 2020.
«Se determinaron observaciones por 5 mil 640.6 millones de pesos por concepto de adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol, y pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal y recepción de pesticidas», señaló la ASF en su informe.
También, la Auditoría reportó irregularidades por mil 884 millones de pesos en Liconsa debido a que la paraestatal no acreditó que recibió distintos bienes y servicios relacionado con leche fresca, productos lácteos y transporte, así como anticipos pagados a proveedores y la obtención de rendimiento financieros.
El pasado 7 de noviembre, al comparecer en la Cámara de Diputados, el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que la dependencia a su cargo ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 79 denuncias contra distintos funcionarios por la presunta comisión de delitos asociados con enriquecimiento ilícito, uso de indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude y peculado.
«Salvo el caso Segalmex, que actualmente están investigado la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General, son pocos los casos de gran corrupción que avanzan en términos de sanción», considera Bohórquez.
Además de los grandes casos, dice, la corrupción que se da en barandilla, es decir al momento de realizar algún trámite, sigue presente afectando a los ciudadanos.
«La corrupción que afecta directamente a las familias mexicanas, según los datos del Inegi, tampoco se ha reducido», señala.
