A partir del próximo año, los procesados por violencia familiar pagarán el uso del brazalete electrónico y si alega no tener dinero, se quedará en la cárcel, manifestó el magistrado Miguel Mery Ayup.
El presidente del Poder Judicial de Coahuila indicó que no se arriesgará a que maten a una mujer, “no me voy a arriesgar a que la vuelvan a golpear”.
Los Juzgados Especializados para atender los casos de violencia familiar cuentan con 80 brazaletes electrónicos, que se colocan al agresor y a la víctima, para impedir que se le vuelva a acercar.
Explicó que este tipo de medidas restrictivas, las aplica el Estado para proteger a la mujer y debido a que es insuficiente el número de brazaletes, está en marcha el mecanismo, para que a partir de enero, lo pague el agresor.
El Poder Judicial cuenta con 80 dispositivos electrónicos y el objetivo es tener 200, por lo que no se considera correcto que sea el Estado quien cubra ese gasto y se le aplicará al infractor, cuyo costo es de ocho mil pesos. (Con información de EL DIARIO)