Por Pascal Beltrán del Río
La impunidad: está “prohibida” y, sin embargo, se da
“La justicia sigue sentada en el balcón para ver cómo pasan los operativos de las policías y las Fuerzas Armadas”, se lamenta el sacerdote jesuita Javier Ávila Aguirre, una institución en la Sierra Tarahumara, al comentar los nulos resultados para atrapar y castigar al responsable del asesinato de sus hermanos religiosos Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, hace ya medio año, en Cerocahui, Chihuahua.
“Llevamos seis meses de promesas”, me dice, en entrevista para Imagen Radio. “Hemos tenido reuniones con las autoridades. Es cierto, hay varios detenidos, pero no van detrás del perpetrador de los homicidios. Tantos elementos que hay ahorita en la sierra… ¿Será que son tan incapaces de encontrar a un sujeto? ¡Qué vergüenza! ¿Hay incapacidad o qué otra cosa? Yo pregunto, pero no tengo la respuesta”.
Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió por enésima vez que en su gobierno “está prohibida la impunidad”. Pero el mensaje no parece haberle llegado a José Noriel Portillo, apodado El Chueco, quien, de acuerdo con muchos testimonios, disparó contra los sacerdotes aquel 20 de junio, después de haber matado a otras dos personas del lugar. Pobladores de la región dicen haberlo visto en diferentes ocasiones, relata Ávila, quien llegó a la Tarahumara hace 48 años. “La gente afirma que andaba en tal comunidad, que fue a tal fiesta, que estuvo de padrino en tal evento… Caray, todo mundo lo ve menos los que lo deben ver”.
La impunidad es el combustible que mueve a la industria del crimen. En un país que ha rebasado los dos millones de delitos al año, el número de personas sometidas a proceso es insignificante. Hay menos individuos en prisión –por toda clase de faltas a la ley– que homicidios cometidos en este sexenio.
Hay quienes sostienen que la cárcel no es la solución a la inseguridad, porque el encierro es una escuela del delito y el preso, en lugar de reinsertarse productivamente en la sociedad, sale peor. Por como funciona el sistema carcelario en México, quizá tienen razón. Pero si la celda es una escuela para dañar a los demás, la libertad sin castigo se ha convertido en la universidad.
Cuesta trabajo creer que el Estado no pueda aprehender a un fugitivo, por escarpado que sea el entorno de su escondite. La falta de castigo a unos asesinatos, conocidos en el mundo entero, manda un mensaje ominoso a las comunidades de la sierra, que padecen la inseguridad y la violencia desde hace años.
“Hay que tomar en cuenta una cosa”, advierte Ávila. “Si llegan a agarrar a este delincuente, las cosas se calmarán un poco, pero esto se va a arreglar sólo cuando desarmen el andamiaje delictivo que han permitido construir por tantos años”. Y agrega: “Los homicidios de Javier y Joaquín prendieron los focos, pero hay que iluminar a toda la República”.
En el país, “los muertos de ayer, para el sistema, sepultan a los de hoy”, describe el padre Ávila, o Pato, como lo conocen en la sierra. Es su forma de decir que el crimen más actual hace que los anteriores se olviden. “Nosotros queremos cambiar esa relación vertical. Debemos hacerla horizontal. No podemos perder la memoria, tenemos que mantenerla viva. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nuestra voz no se va a callar y lo saben las autoridades”.
Es por los que no desisten de exigir justicia para las víctimas que México no se ha quedado en tinieblas. Es gracias a los deudos que siguen demandando castigo para los asesinos, y a los familiares de los desaparecidos, obligados a sustituir a las autoridades en las labores de búsqueda. Son luces que se resisten a ser apagadas por la indiferencia colectiva y el discurso oficialista que nos quiere convencer de que hoy todo está mejor.
“Los abrazos viven en el imaginario de Palacio Nacional –remata Ávila–, los balazos están acá en la Tarahumara y en muchas partes del país”.
Ojalá que el combate a la impunidad, en todas sus formas, se vuelva un propósito de todos. El Año Nuevo siempre es buen momento para comenzar.
