Por Carlos Ornelas
La política educativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es una promesa trunca. Como casi todas las reformas educativas que gobiernos y organismos intergubernamentales promueven alrededor del mundo, la de AMLO critica lo existente y ofrece un futuro mejor. La censura y el reproche al pasado y al presente se conjugan con augurios de que con la innovación que se propone se resolverán problemas de la educación.
Envolvió su diagnóstico en una narrativa rencorosa y a la vez prometedora. Desde los tiempos de la campaña electoral, la narrativa del hoy Presidente se dedicó a detractar la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto y de la política educativa del periodo neoliberal. Se entiende, buscaba el apoyo de los grupos magisteriales que se sentían agraviados por lo que la política de “recuperación de la rectoría de la educación” les arrebató.
Pero en documentos y piezas oratorias puso el acento en el provecho que su política educativa traería a alumnos, padres de familia, la sociedad en general y a la nación. También cortejó a los docentes, ya que serán los encargados de llevar a puerto las ventajas prometidas.
El Presidente acentuó el reproche al gobierno anterior y ofreció una vida mejor para el magisterio. En las arengas del Presidente de vez en cuando aparecen los niños y los jóvenes, casi nunca los padres de familia. Las becas sí, siempre las becas. Es rarísima la mención a organizaciones de la sociedad civil. Parece diseñada para un actor preponderante, mientras los otros son de reparto: “No más insultos a los maestros”, “basta de evaluación punitiva”. En la porción edificante, la iniciativa apunta a que el magisterio será el agente primordial de la transformación social. Que tiene derecho a la capacitación y formación continua y permanente.
La porción vivificante para los maestros estuvo a cargo del primer secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que no se alejó mucho del pasado, aunque lo criticara. En una visita a una escuela, planteó que la prioridad deben ser los alumnos y la calidad de sus profesores, quienes trabajan con el corazón en la mano, con vocación y esfuerzo. Y remató: “Lo mejor de la educación pública está por venir, y la base de esa mejoría es la calidad del magisterio” (Boletín SEP, No. 5, 14/01/2019).
¿Y qué pasó? La política educativa del gobierno de AMLO puede dividirse en dos etapas. La primera para dotarla de una existencia normativa e inducir códigos de conducta entre los actores del sistema. Fue el tiempo de la Nueva escuela mexicana y de reformas a la constitución, invitaba a la inclusión y deliberaciones. La segunda, la propuesta del nuevo “marco curricular” que la SEP dio a conocer en enero de 2022. Ese proyecto complementó la iniciativa que lanzó en marzo de 2021 de modificar de “manera radical” los libros de texto gratuitos. En el nuevo marco el peso de la ideología deja en claro el propósito de finiquitar el pasado “neoliberal”, aunque parecía que no aspiraba a instituir una existencia normativa. Implica exclusión y polarización.
La retórica de ese proyecto juzgó las concepciones vigentes en el sistema escolar y propuso un cambio drástico. Pero enfrentó dos aprietos. Uno, ventiló la moción en medio de la pandemia. Dos, junto con los cambios de personal en la conducción de la SEP (de Moctezuma a Delfina Gómez Álvarez a Leticia Ramírez Amaya), el Poder Judicial le puso freno al conceder amparos a Educación con Rumbo y tuvo que suspender el plan piloto que se llevaría a cabo en 960 escuelas.
Y, como trasfondo, la austeridad republicana que tiene congelado el presupuesto para educación. Bellas palabras para el magisterio, pero sin fondos para mejorar la “calidad del magisterio”, aunque tenga su corazón en la mano.
Lo mejor nunca llegó.
