SALTILLO, COAHUILA.- Al adelantar que sí se puede configurar un delito, el Fiscal Anticorrupción en Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, dijo que se investigará de oficio la auto-indemnización que se autorizó y cobró la exconsejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) Gabriela de León Farías.
Como se recordará, la en ese entonces presidenta del IEC preparó antes de concluir su período un finiquito por termino de relación laboral por 1.2 millones de pesos, así como también trascendió que de igual forma se registraron sumas elevadas en las liquidaciones de algunos de sus colaboradores cercanos al interior del órgano electoral del estado.
Adelantó que la carpeta será integrada, luego de que el órgano de Control Interno del IEC tenga sus conclusiones, con lo que se remitirá ya sea al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Anticorrupción para profundizar la investigación.
Flores Mier agregó que incluso la Auditoría Superior del Estado (ASE) podría detectar si hubo anomalías en el manejo de los recursos que se destinaron a pagar la liquidación de la ex servidora pública. Ante esta irregularidad el fiscal Anticorrupción, señaló que por el momento se está recabando información y esperar los resultados que el órgano de control interno tenga en esta investigación.
“Ya dependiendo de estos, procederemos nosotros conforme a lo que corresponde. Tenemos competencia, y es lo que hacemos ahorita, recabar información que se encuentre de forma pública, para en su momento, proceder conforme a derecho y conforme a los demás indicios que se vayan presentando, lo podemos hacer de oficio”, explicó Flores Mier.
El fiscal anticorrupción reiteró que hasta el momento no se ha recibido una denuncia formal ante la situación en el IEC, pero en su caso, esperarán si sale del órgano de Control Interno del Instituto Electoral de Coahuila, quien tendría que presentar su denuncia.
Flores Mier reconoció que este mismo caso ya se ha presentado e investigados en algunos municipios y en administraciones pasadas, donde hubo algunos cabildos donde se entregaron montos de indemnizaciones o liquidaciones que no eran correspondientes al tabulador autorizado.
“La Auditoría Superior del Estado si detecta algún anomalía procede a enviarla al órgano de Control Interno, al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Anticorrupción como proceda según la gravedad de la conducta”, concluyó.
