SAN JOSÉ, Costa Rica.- Haití, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala… la democracia cojea en América Latina y el Caribe sin completar aún los primeros 25 años del siglo XXI y las alarmas resonaron por los fallidos intentos de golpes de Estado en Perú en 2022 y en Brasil en 2023.
De la segunda mitad del siglo XX, con la excepción de Costa Rica, que mostró la mayor estabilidad democrática regional, la fragilidad institucional pasó al primer cuarto del siglo XXI.
Un bloque de América Latina y el Caribe —México, Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Haití o Uruguay— salió en los decenios de 1980 y 1990 de regímenes unipartidistas y militares. La zona arrastró al final de la centuria las crisis por dos fallidos golpes de Estado de 1992 en Venezuela y por la guerra desde 1964 en Colombia, con Cuba con su inamovible y poderoso régimen comunista. «Somos sociedades tan endebles y vulnerables como aquella de las décadas de 1960 y 1970 en las que nuestra que la región estuvo dominada por golpes de Estado y dictaduras. América Latina no aprende. Eso es traumático», narró el abogado y excanciller peruano Miguel Rodríguez.
La zona genera «clases políticas mediocres (…) y ese desorden político y social se traduce en polarización con signos de volverse crónica», dijo Rodríguez a EL UNIVERSAL. Las protestas «son la consecuencia de procesos empíricos y nuestra cercanía al abismo de la anarquía está a un paso porque no se han preocupado por invertir en partidos políticos», como «única posibilidad» para «solventar un mínimo de tolerancia» en la gobernanza, afirmó. «Ese es el espejo de una América Latina que debió (…) madurar para asumir y defender el valor de la democracia. No hemos invertido en ese esfuerzo cívico», indicó.
«Una institucionalidad muy débil tampoco es un respaldo a la democracia», subrayó el politólogo y analista costarricense Claudio Alpízar, director del (no estatal) ENCO Comunicación y Asesoría Política, de esta ciudad. «Hay Cortes Supremas de Justicia cargadas de corrupción, con amiguismo de magistrados y jueces. Asambleas legislativas en donde lo fundamental es tener aliados incondicionales a pequeños grupos», explicó Alpízar a este diario.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente izquierdista peruano, Pedro Castillo, fracasó en una maniobra golpista, pretendió disolver el Congreso y gobernar por decreto, pero fue destituido por la vía legislativa, sustituido por la vicepresidenta Dina Boluarte y quedó preso por corrupción.
El 8 de enero de 2023, turbas leales al exmandatario ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro que desconocieron la derrota de su líder en los comicios de octubre de 2022 y la victoria del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, irrumpieron a la sede de los poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en Brasilia, en otra frustrada tentativa golpista.
Las alarmas quedaron encendidas desde el 7 de julio de 2021 en Haití por el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, y el 9 de febrero de 2020 en El Salvador por el avance del autoritarismo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. También desde el 18 de abril de 2018 en Nicaragua por el estallido de multitudinarias protestas antigubernamentales y el 12 de febrero de 2014 en Venezuela por el inicio de masivas manifestaciones opositoras.
A 64 años del triunfo de la Revolución Cubana (1959), 2022 y 2021 se saldaron en Cuba con masivos pedidos de libertad, democracia, pluralismo ideológico y multipartidismo, y terminar con el régimen del Partido Comunista, único legal en la isla, en un escenario de menoscabo social en un contexto de casi 62 años de bloqueo económico de Washington a La Habana.
En Guatemala, la corrupción política penetró las instancias judiciales, gubernamentales, legislativas, electorales, partidistas y empresariales y perforó la democracia.
El presidente de Venezuela, el izquierdista Nicolás Maduro, llegó ayer a 10 años en el puesto al reelegirse en 2018 en comicios calificados por América y Europa como ilegítimos para un segundo sexenio que inició en 2019 y concluirá en enero de 2025, por lo que fue desconocido como gobernante legítimo por gran parte de la comunidad internacional.
«Hay un fuerte descontento del electorado con el sistema democrático», insistió el académico brasileño Juliano Cortinhas, profesor de relaciones internacionales de la (estatal) Universidad de Brasilia.
«Estamos claramente ante un preocupante deterioro de las democracias» en el área, aseveró a este diario la abogada colombiana Jimena Reyes, directora para las Américas de la [no estatal] Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de París. Tras citar a la corrupción como factor clave del deterioro, advirtió: «Estamos frente al fenómeno de captura de las estructuras del Estado por el crimen organizado, por élites cleptocráticas [ladronas] que llegan al poder local o nacional para lucrarse».
