CIUDAD DE MÉXICO. – Al calificar el plan B de la reforma electoral como regresivo e inconstitucional, los 11 consejeros del INE anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos a su alcance contra esta propuesta, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.
En sesión del Consejo General del INE se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la reforma electoral, en el cual todos los consejeros del INE participaron y señalaron que está hecha desde el poder y busca beneficiar al gobierno actual.
El documento advierte que se debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024, vulnera su autonomía técnica en materia de fiscalización, retrocede en avances del voto electrónico, se modifican plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones, faltan condiciones para competencia pareja con el involucramiento de servidores públicos y hay retroceso del voto electrónico, entre otros puntos.
Los consejeros anticiparon un aumento en los litigios postelectorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y la gobernabilidad.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, alertó que de aprobarse en esos términos «debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios».
Ante la falta de apertura de la mayoría en el Poder Legislativo, sostuvo que «la Corte tendrá la responsabilidad de salvar la democracia y la estabilidad política de este país».
El consejero Jaime Rivera señaló que la modificación del concepto de propaganda electoral es «burdamente conveniente al gobierno», ya que los servidores públicos podrán expresarse sin restricciones en tiempos electorales.
El consejero Ciro Murayama advirtió que con la reforma electoral están ante «una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas, comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática».
Advierten retrocesos. La consejera Carla Humphrey advirtió que habría un retroceso de una década para la implementación de un voto electrónico y ecológico, ya que se plantea una comisión de estudio en la que participe el Conacyt con el INE.
«Con esta determinación se detienen todos los avances logrados en los últimos 18 años en el país a través de pruebas piloto y distintos mecanismos de voto electrónico», apuntó.
