CIUDAD DE MÉXICO.-El cuarto periodo legislativo de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados estará marcado por la elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la discusión de la agenda legislativa que ha propuesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 1 de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones, en el que se espera continúe el debate de los efectos del llamado «Plan B» de la reforma electoral y su impacto en la elección de consejeros.
Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, señaló en la reunión plenaria del grupo parlamentario que el proceso de elección de consejeros será la prioridad, no sólo de la bancada, sino también de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD).
«No va a haber batalla más importante, que escoger bien a las mujeres y los hombres próximos a consejeros del INE. Si uno imagina la responsabilidad sobre ellos, se la van a rifar, hay que dejarlo muy claro, la gente decide en el 2024 quién se queda.
«Existe la posibilidad, pueda darse en Estado de México y en Coahuila en el 2023, y la Ciudad de México y en el País en el 2024, que la gente vote por otra opción. ‘Ya no quiero saber más de la dichosa 4T, votaré por otra opción’, será una decisión de la gente, se tiene que defender y son las instituciones, no nos podemos equivocar en la elección de consejeros», señaló.
Al comenzar el periodo ordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política deberá modificar la convocatoria para la elección de consejeros electorales.
Además, se tiene que integrar el Comité Técnico de Evaluación, órgano temporal que se encarga de evaluar a los aspirantes e integrar las quintetas que se presentan a los diputados para que negocien los nombres que pueden reunir mayoría calificada.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya enviaron sus propuestas para formar el comité. Falta que Morena presente en la Junta de Coordinación Política las tres propuestas que le corresponden a la Cámara de Diputados.
La duda es si presentará nombres de académicos reconocidos, como ya lo hizo en 2020, en el anterior proceso, o si optará por perfiles afines al Gobierno, que podrían influir a favor de la mayoría en la integración de las listas.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, ha dejado entrever que prefiere ir a la insaculación de los consejeros antes que llegar a un acuerdo con la oposición, pues desde su perspectiva ello es igual a un reparto de cuotas entre las bancadas.
Sin acuerdos
Los consejeros que terminan su encargo el 3 de abril son Lorenzo Córdova, el presidente del INE, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz. Para ese entonces deben estar electos los relevos.
Jorge Romero señaló que la polarización que se promueve desde el Palacio Nacional se refleja en la Cámara de Diputados, donde no hay diálogo con la mayoría parlamentaria.
«Habrá diálogo superficial, pero en temas de Estado, ni una sola decisión, no es nuestra, ni siquiera es de ellos. Decidieron entregar el Poder Legislativo con su mayoría», señaló sobre la imposibilidad de acuerdos con Morena.
En la plenaria de los panistas en Tampico, Tamaulipas, Romero destacó que una vez que han pasado las reformas del Ejecutivo a la Constitución –energética, Guardia Nacional y electoral–, espera que la agenda legislativa en San Lázaro pueda ya dar espacio a las prioridades de los grupos parlamentarios.
Sin embargo, aún están pendientes de discusión y aprobación tres iniciativas de López Obrador, que pueden avalarse con la mayoría absoluta de Morena, PT y PVEM: la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, de la que ya hay un dictamen; Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, y reformas a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil.
Como en otras ocasiones, las tres últimas iniciativas presidenciales han recibido muestras de rechazo por su contenido.
Aunque haya críticas y peticiones de análisis y de modificación, Morena suele no ceder e impone las iniciativas presidenciales con la mayoría de la coalición oficial.
Ciencia y militares
En el caso de la Ley de Protección del Espacio Aéreo, se le da a la Secretaría de la Defensa Nacional la atribución de vigilar y proteger el espacio aéreo, en lugar de que lo haga una autoridad civil.
Se crea un sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuya función será la coordinación entre dependencias para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación plantea la sustitución del Conacyt por un nuevo organismo llamado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
La propuesta elimina el voto para representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de dos investigadores en funciones del Sistema Nacional de Investigadores y de dos representantes del sector empresarial. Sólo quedan con voz y voto los representantes del Gobierno en el nuevo Consejo.
Además, desaparece de la legislación la obligación del Gobierno de aumentar cada año el presupuesto destinado a la ciencia.
Las reformas a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil permitirán el cabotaje de aerolíneas aéreas extranjeras en territorio nacional. También se permite la constitución de una empresa pública de servicios aéreos.
