Pues el artículo 105 de la Carta Magna prohíbe cambios al marco legal en la materia 90 días antes del inicio de los procesos electorales
El llamado Plan B se perfila como la reforma electoral más impugnada en la historia y la Suprema Corte deberá resolver sobre su constitucionalidad antes de junio, pues el artículo 105 de la Carta Magna prohíbe cambios al marco legal en la materia 90 días antes del inicio de los procesos electorales.
Así lo advierte un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, al subrayar que hasta el pasado 1 de febrero se habían presentado ya un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos y dos más de legisladores, así como una controversia constitucional del INE contra las reformas en materia de propaganda gubernamental aprobadas por Morena y sus aliados.
Adicionalmente, el Senado de la República prevé discutir y votar esta semana la parte pendiente del Plan B que, entre otros aspectos, plantea la compactación y eliminación de estructuras administrativas del INE, así como la cancelación de la “cláusula de vida eterna” para los minipartidos.
“Sin embargo, desde este momento el llamado Plan B ya se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia”, señala la investigación titulada “Aspectos del proceso legislativo de la reforma electoral (Plan B)”, elaborada por César Alejandro Giles.
“Se espera que el paquete que los senadores abordarán durante los próximos días motivará un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harán lo mismo contra las reformas que tocan la estructura y funcionamiento del INE”, subraya.
El documento del Instituto Belisario Domínguez detalla asimismo que los actores inconformes con el Plan B señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e, incluso, pondrían en riesgo la organización del proceso electoral 2023-2024.
Dichos argumentos contrastan con los del gobierno federal y sus bancadas en el Congreso a favor del Plan B, esgrimiendo aspectos como la austeridad que, según calculan, generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales.
El estudio considera que la Suprema Corte deberá resolver constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio, a fin de preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
“Cabe apuntar que para invalidar el Plan B se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido”, precisa.
