Por Jorge Fernández Menéndez
EU-México: presiones y realidades
No es un tema menor que 21 fiscales de estados gobernados por los republicanos en la Unión Americana hayan demandado al gobierno de Joe Biden que declarara terroristas a las organizaciones del crimen organizado en México. Tampoco que ello haya sido en respuesta a la intervención del propio Biden en el discurso sobre el estado de la Unión, donde le dedicó espacio a la crisis del fentanilo y al combate a los cárteles de la droga. Ya durante ese informe de gobierno los republicanos habían criticado a Biden diciendo que la crisis es consecuencia de sus políticas laxas en la frontera con la migración y con el crimen organizado. Un día después fue la reacción de los fiscales estatales.
Declarar a los cárteles como organizaciones terroristas no se trata de semántica. Según las leyes estadunidenses, si una organización es declarada terrorista por la Casa Blanca, es una prerrogativa del Ejecutivo, por lo cual el gobierno de ese país se puede adjudicar el derecho de intervenir en cualquier lugar del mundo contra ellos. Ésa ya fue la intención de Donald Trump, de atacar con drones o militarmente los laboratorios de fentanilo y metanfetaminas mexicanos en plena crisis de opiáceos. Finalmente, fue convencido de que no lo hiciera por funcionarios militares (ver el libro Furia, de Bob Woodward, al respecto), pero ése sigue siendo, aumentado de tono, el objetivo de la derecha republicana, ya no sólo de gobernadores como Greg Abbott, de Texas, sino, como vemos ahora, de buena parte de los estados gobernados por ese partido. Y eso obliga también a endurecerse al propio gobierno de Biden, porque, pese a los golpes que pueden haber recibido los grupos criminales, tanto la crisis migratoria como la de opiáceos no han disminuido.
No cabe duda de que México, el fentanilo y la migración serán temas centrales de la campaña electoral de 2024 en Estados Unidos, una campaña que ya ha comenzado. En torno a la frontera y la seguridad, y a la migración y el tráfico de fentanilo se están jugando muchas cartas entre México y Estados Unidos, algunas que conocemos y otras que parecen ser negociaciones o forcejeos secretos. Y en eso no sólo participan los gobiernos, sino también distintos personajes y factores de poder a ambos lados de la frontera. La demanda de los fiscales republicanos es parte de ese juego, muy delicado para México por todo lo que implica.
Que el presidente Biden le haya dado tanto tiempo al tema del fentanilo en su informe, que los fiscales hagan esa demanda y que simultáneamente tengamos pendientes el juicio de García Luna (que podría acabar con una declaración de no culpabilidad para el exsecretario de Seguridad Pública), que no se resuelvan las extradiciones de Ovidio Guzmán y Rafael Caro Quintero, que eso se dé en medio de las luchas internas entre las agencias estadunidenses, de nuestra propia guerra de cárteles y polarización política generalizada, cuando hay cientos de miles de migrantes en la frontera y está a punto de acabar el Título 42 que abrirá aún más los espacios migratorios y el conflicto fronterizo, cuando hay controversias muy serias en temas energéticos y agrícolas, cuando tenemos un intercambio comercial enorme de 780 mil millones de dólares el año pasado y otros 58 mil millones de dólares de remesas de nuestros paisanos que llegan a México al año, remesas que, a su vez también, desde los sectores más conservadores, quieren ser gravadas. Toda una agenda de conflictos que influyen e influirán en la relación bilateral.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, fueran atacados laboratorios de los cárteles de la droga en territorio mexicano o si hubiera alguna operación para detener o aniquilar a algún introductor importante de fentanilo, siguiendo las leyes de seguridad nacional estadunidenses aprobadas después de los atentados del 11-S? No veo esa posibilidad como algo tangible en el corto plazo, pero no es descabellado.
Tampoco es casualidad que, en ese contexto, se estén dando otro tipo de golpes contra el crimen organizado, como la captura, ayer, de José Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe Tapia, un muy conocido narcotraficante y uno de los principales operadores logísticos del Mayo Zambada. Un golpe que probablemente para los grupos de El Mayo y del Cártel del Pacífico puede ser incluso más significativo que el de Ovidio Guzmán.
El Lupe Tapia, un narcotraficante de vieja escuela, muy cercano al Mayo, ya había sido consignado como un objetivo prioritario del gobierno estadunidense desde 2013 y está considerado como uno de los mayores introductores de cocaína, metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos, con fuertes contactos en Centro y Sudamérica. Se suma a la lista iniciada desde fines del año pasado en la que cayeron Rafael Caro Quintero, un hermano de El Mencho, Ovidio y El Licenciado, este último detenido en Durango, y otros operadores importantes, todos ellos exactamente en la segunda línea de los jefes de los principales cárteles. La estrategia de seguridad ha cambiado más allá de cualquier discurso, porque es una exigencia de la realidad y porque la política de no golpear cabezas de los cárteles no tenía viabilidad. Por lo pronto, lo importante es que ha cambiado.
Y lo otro que no es tampoco menor es comprender, como hemos insistido en estos días de juicio a García Luna en Nueva York, que querer utilizar ese proceso, cuando está tan mal sustanciado, para la agenda política interna, lo único que provocará será que esos mismos argumentos, en una etapa de fuerte presión sobre México, se utilizarán también en contra de quien gobierne, ahora o en el futuro. Y en eso, de este lado de la frontera, no gana nadie.
