Por Ivonne Melgar
Resistencia feminista contra el plan B
Las mujeres son protagonistas en la defensa de la Constitución Política en que habrá de convertirse la movilización contra el plan B, como se le conoce a la reforma electoral que la próxima semana quedará lista en el Senado.
La fuerza del género en esta coyuntura se expresa en el hecho de que, por primera vez, una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuerpo colegiado que habrá de definir si ese plan es contrario o no a los artículos constitucionales que le dan sustento a la disputa del poder.
Si bien la sentencia dependerá del voto de los 11 ministros, sabemos que a la titular del Poder Judicial, Norma Piña, no le tiembla la voz para reivindicar su independencia frente al Ejecutivo federal.
Independencia necesaria para hacer cumplir la Constitución, al resolver si un ordenamiento secundario se le contrapone, como lo consideran en el caso del plan B los partidos de oposición, organizaciones y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Porque las acciones de inconstitucionalidad que ya se interpusieron para el caso de las dos leyes generales publicadas —de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas— y las cuatro pendientes —de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva de Medios de Impugnación en Materia Electoral— son recursos en contra del promotor de ese plan B, el Presidente de la República.
Y mientras la ministra Norma Piña dejó en claro en el 106 aniversario de la Constitución que no seguirá los pasos de su antecesor, el ministro Arturo Zaldívar, de promover resoluciones afines a los propósitos de Palacio Nacional, en el INE las consejeras electorales hicieron público su rechazo a aspectos del plan B que estarían atentando contra la progresividad de los derechos políticos de las mujeres, entre otras consecuencias adversas.
Si bien los consejeros hombres igualmente respaldaron, el 18 de enero, el acuerdo de interponer recursos ante el Poder Judicial para que se invaliden los apartados que vulneran la autonomía del árbitro electoral y la garantía de organizar comicios libres y equitativos, representantes de Morena han presionado a las consejeras mujeres para que amortigüen las críticas hacia la reforma.
No es casual que, en contraste con sus pronunciamientos de entonces, las consejeras Norma de la Cruz y Carla Humphrey hicieran declaraciones posteriores suavizando sus señalamientos en contra el plan B. Ambas fueron electas en 2020 por la Cámara de Diputados, con el impulso de la bancada de Morena, determinante también ahora para el relevo de los cuatro consejeros que concluirán sus encargos en abril, incluido el presidente del INE.
La próxima semana tendría que quedar resuelta la nueva convocatoria para el proceso —atendiendo la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que encabeza Ignacio Mier Velazco (Morena), quien ya esbozó la posibilidad de que el sucesor de Lorenzo Córdova pueda surgir entre los siete consejeros que continuarán en sus cargos.
De concretarse esa idea, la Cámara de Diputados deberá tomarse en serio la opción de que una mujer presida el INE. Así que, además de las consejeras que ya matizaron sus cuestionamientos al plan B, estarían como prospectos Claudia Zavala y Dania Ravel.
Es probable que el incentivo de competir por ese cargo, haciendo méritos con el gobierno y con Morena, tenga el deliberado propósito de agrietar el espíritu de cuerpo que los consejeros proyectaron en contra de la reforma hace tres semanas.
Pero junto con la presión gubernamental morenista, los integrantes del INE deben sortear el escrutinio de una ciudadanía que les exige defender la democracia constitucional que juraron arbitrar.
En esa movilización que pronto escalará destacan las feministas, precursoras desde hace tres décadas en la tarea de inscribir la igualdad sustantiva en nuestro máximo ordenamiento jurídico.
De manera que las consejeras del INE saben que, más allá de peleas partidistas, existe una masa crítica que les reclama compromiso en el resguardo de las acciones afirmativas y principios que el plan B ha puesto en riesgo: la paridad y la proscripción de candidatos denunciados por violencia sexual, política, familiar, incluyendo el adeudo de la pensión alimenticia de los hijos.
Porque ellas no tienen duda: el plan B es una inminente violación a los derechos político electorales de las mujeres. Y a la SCJN corresponde pararlo.
