Por José Elías Romero Apis
La manida reforma electoral, ahora en su modalidad de plan B, se jugará su destino en las confrontaciones que se darán en la Suprema Corte, proceso y resolución que me permito denominar Ecuación C, para entonar bien con el léxico exótico que hoy suplanta al lenguaje político.
El asunto me induce a varias reflexiones tan preliminares que no pretenden ser una alegación ni en pro ni en contra del cuestionado fárrago.
Las controversias y acciones constitucionales son una tecnología jurídica aún muy desconocida, incluso para muchos abogados. En primer lugar, porque son relativamente novedosas y, sobre todo, porque casi no se practican. Es un juicio reservado para los pleitos entre poderosos muy poderosos. Nada más entre poderes supremos. Ni siquiera un secretario de Hacienda o de Gobernación tendrían boleto para ese foro.
Por lo tanto, son muy pocos los abogados que hemos tenido el privilegio de que nos encarguen algunos litigios de esta naturaleza, que son como una enfermedad nueva para la cual no bien ha avanzado ni la cirugía ni la farmacéutica ni la diagnosis. Es más, no hay ni expertos a quienes preguntar. Los que estamos más curtidos, cuando mucho, hemos llevado 10 casos.
Por esa rareza, no me resulta un pecado confesar que, en las ocasiones que patrociné como abogado al Congreso de la Unión, me gustó mucho vencer al Presidente de la República. Pero más me gustó que se la repetimos varias veces. No me envanezco de mí, que no hay motivo. Yo tan sólo tiré el penalti por la falta que él cometió. Me enorgullezco de mi país, que fue quien ganó el trofeo. Porque, en realidad, no lo vencí yo, que soy un don nadie. Lo venció la Constitución de la República.
Por eso sé que no la llevarán fácil ni los abogados que atacarán el plan B ni los abogados que lo defenderán, ni los ministros que lo decidirán. Todos ellos requerirán de su mucho conocimiento, de su mucha inteligencia y de su mucha suerte. En primer lugar, una de las vías que están utilizando no les sirve para la materia electoral. Cuando mucho les servirá para algunas materias colaterales incluidas en la reforma, como pudieran ser los derechos laborales u otros no electorales. Así que las controversias constitucionales contra normas electorales no prometen mucho éxito. Tan sólo podrían apostar a las acciones de inconstitucionalidad.
En segundo lugar, a diferencia del amparo, en estos litigios no hay suspensión del acto impugnado. Así que, mientras no se resuelva, sigue viva la reforma B. El tiempo nunca es neutral. Siempre corre a favor o en contra. Normalmente, el que algunos pierden lo ganan otros.
En tercer lugar, la Suprema Corte no tiene tiempos obligatorios para resolver. El reloj y el calendario son suyos a plenitud y nadie tiene derecho a corretearlos. Cada quien deduzca lo que quiera.
En cuarto lugar, no hay las suficientes normas procesales ni los precedentes bien definidos para regular el procedimiento. Así que, en cada paso, los juzgadores podrán decidir los caminos a seguir y los destinos a donde llegar.
En quinto lugar, para triunfar, los impugnadores necesitan 8 de los votos que se emitirán. Es una mayoría muy calificada y complicada. Si tan sólo acudieran 8 ministros a la sesión de sentencia, todos tendrían que votar por la revocación. De lo contrario, el plan B se queda firme. En un caso extremo, si votaran 7 por la revocación y uno por la confirmación, ganaría el voto solitario.
Por último, los criterios pueden ser muy distintos y distantes. No son temas para la uniformidad ni en las sesiones de los ministros ni en nuestras sobremesas de mirones. La materia constitucional no es una especialidad jurídica que se preste para la unicidad de pensamiento. No es una ciencia de axiomas exactos. Es una ciencia de teoremas dialécticos.
Lo más importante no es cuál bando gane o pierda. Lo verdaderamente importante es que quien gane sea la Constitución Política. Si ella gana, todos habremos ganado. Si ella pierde, sin excepción, todos habremos perdido. Cuando le mentimos a todos, también nosotros resultamos engañados.
