SALTILLO, COAHUILA. – Durante la primera Sesión del Primer Período Ordinario del tercer año de la LXII Legislatura, la Diputada de morena, Lizbeth Ogazón, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican diversos artículos de la carta de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de Coahuila, con relación al acceso equitativo al derecho humano del agua a favor de las personas y grupos vulnerables.
La legisladora de morena, mencionó que el derecho humano al agua es un tema fundamental al tener una relación estrecha con los estándares de una vida digna; su contenido ha encontrado desarrollo bajo dos tendencias: Una que lo considera como una condición previa necesaria para otros derechos que no se pueden alcanzar sin el acceso equitativo a las necesidades mínimas de agua potable. Otra da sustento por sí mismo al derecho, ajeno a su relación con el disfrute de otros derechos humanos.
“A través de esta iniciativa, estamos proponiendo que este derecho sea para todos los ciudadanos y que se dé un mínimo de metros cúbicos de consumo por persona que el estado estará obligado a garantizar. Estamos buscando garantizar a través del sistema de aguas del estado, el suministro gratuito de 7 metros cúbicos a todos aquellos domicilios dados de alta correctamente ante la paramunicipal correspondiente” expuso.
“No obstante, este derecho tiene su origen como consecuente de otros, y además tiene obligaciones naturales, tales como uso responsable, el cuidado y mantenimiento. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la Agenda 2030, promover el acceso de agua limpia y saneamiento es fundamental para lograr el bienestar y desarrollo de la sociedad. Entre las acciones que se pueden hacer para reducir la cantidad de personas sin agua es promover una gestión integrada de derechos y obligaciones respecto del vital líquido” señaló.
En ese sentido, Ogazón recalcó que la preservación y derecho al agua, debe ser abordado desde una relación bilateral de derechos y obligaciones entre población y gobierno, la inversión en infraestructura hidráulica para un adecuado manejo de las fuentes y la no distinción entre destinatarios del agua para su acceso, deben ser los principales objetivos para el Estado.
“Decimos que el agua es derecho y obligación, esto queda claro cuando recibimos el cobro del agua y nos sujetamos a alguna empresa que opera el drenaje y abastecimiento de esta hasta nuestros hogares. El hacer que llegue el agua hasta nuestras casas no es sencillo, el saneamiento y drenaje requieren un mantenimiento que es costoso y pero sobre todo indispensable por ello somos conscientes de que es justo un cobro. La mayoría de los países de la OCDE progresa hacia sistemas de precios de agua que reflejen mejor los costos marginales incurridos en proveer el servicio, estimular la eficiencia económica y lograr un uso sustentable de los recursos hídricos. Algunos políticos tomaron iniciativas para agregar consideraciones de equidad social en los cobros por agua, que no cubren los costos, que complican el asunto” manifestó.
Aunado a lo anterior, la Diputada Lizbeth Ogazón externó que orientar políticas a mejorar la disponibilidad de los servicios de agua sirve para apoyar a grupos muy necesitados de ingresos, así como el desarrollar estructuras tarifarias que no eximan el cobro, pero garanticen el derecho es favorecer a grupos de consumidores de ingresos bajos, es estructurar políticas con conciencia de clase.
“La medición del consumo de agua en los hogares es indispensable por razones de equidad y para permitir cargos volumétricos que reflejen mejor los costos del agua consumida por cada familia. costos y precios del agua. El uso creciente de tarifas asociado a bloques volumétricos también tiene la ventaja de que promueve la conservación del agua (el que más usa más paga) y contribuye a facilitar la disponibilidad del servicio a familias de bajos ingresos” finalizó.
