Por Yuriria Sierra
8M, un año más
Aunque diputados aumentaron ya las penas por agresiones con ácido, aún no se tipifica como intento de feminicidio. Sólo Puebla ha dado ese paso.
“Les digo que, sin tomar en cuenta a las víctimas no es posible cambiar la realidad. No han entendido de qué tamaño es la encomienda que tienen al haber accedido a esos espacios de poder público y el enorme compromiso y responsabilidad que hay”, palabras de Araceli Osorio en la entrevista que cada año, desde 2020, tenemos en el marco del 8M en Imagen Televisión. El reclamo de la madre de Lesvy Berlín, asesinada en 2017, se entiende desde varias aristas.
El mismo día, en uno de los puntos de salida de la marcha, María Elena Ríos se preparaba para recordar que tan grave es un feminicidio como las agresiones que no consuman el crimen. Ella, agredida con ácido en septiembre de 2019, ha tenido que enfrentar también las deficiencias de un sistema de justicia que le ha hecho imposible acceder a ella. Tres de los cuatro agresores detenidos, entre ellos el autor intelectual, uno más prófugo, y la complicidad de quien hasta hace un par de días era el juez que llevaba su causa. Más de tres años y apenas se ven luces en el camino. Sin embargo, ella no se ha detenido, por el contrario, ha sido tan resiliente que, incluso, a la par de su propia rehabilitación, ha trabajado para llevar a puerto leyes donde los ataques con ácido sean considerados un delito per se, no un agravante. En esto se ha topado también con el trabajo legislativo, que suele no actuar a la velocidad que ameritan las causas cuando éstas no son mandatos presidenciales. Aunque este jueves, diputados aumentaron ya las penas por agresiones con ácido, aún no se tipifica como intento de feminicidio. Sólo Puebla ha dado ese paso, así como la eliminación de derechos sobre los hijos cuando el padre esté sentenciado o tenga una investigación por feminicidio.
Por lo pronto, las modificaciones al Código Penal Federal y Ley Federal de Víctimas, castigarán hasta con 22 años de prisión a personas que ejerzan violencia con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva o inflamable. La pena alcanzaría veinte años si afectan la cara, cuello, brazos, manos u órganos sexuales de la víctima. Si esta última es mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la condena aumentaría. Pero sólo hasta que la agresión afecte órganos o funciones vitales, ponga en peligro la vida o esté presente en más de la mitad del cuerpo de la víctima, es que este delito será equiparable al feminicidio en grado de tentativa.
“Lo que queremos es que se garanticen nuestros derechos, pues un estado que se dice democrático debe garantizar principalmente la vida e integridad de las mujeres”, afirmó Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, en su participación durante la emisión del 8M en Imagen Televisión, en la que desde hace cuatro años revisamos con ellas los avances y, tristemente, también los retrocesos en materia de políticas por la igualdad de género.
“No han disminuido, todo lo contrario, encontramos mayor saña, mayor impunidad en los casos, diez mujeres son asesinadas diario y esta situación no ha cambiado, nuestras políticas, una de las exigencias siguen siendo nuestras políticas de atención, prevención, necesitamos que realmente garanticen la vida y la integridad de las mujeres”, aseveró Estrada.
Y estas reflexiones, estas conversaciones con ellas, con todas las mujeres que sean necesarias, estos textos, esos gritos y exigencias, seguirán hasta que esa violencia deje de contarse como parte de nuestro cotidiano.
