CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal abrió un segundo proceso al hijo del senador José Luis Pech Varguez, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, ahora por una supuesta contratación ilegal de más de 77 millones de pesos en la Estafa Maestra.
El juez de control Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, vinculó a proceso a José Luis Pech Galera, ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), y a otros cuatro ex funcionarios, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Los otros procesados en esta causa penal son José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la a Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, ambos de la Sedatu.
Así como José Luis Sánchez Buendía, director de Proyectos Estratégicos, y Javier Arrambide Olvera, director de Operación de Programas de Delegaciones e Información Estratégica de la misma secretaría, informaron autoridades judiciales.
A los tres primeros les atribuyen la modalidad delictiva de haber realizado una contratación indebida con recursos públicos y a los otros dos por promocionar autorizaciones de contenido económico.
En una audiencia de 23 horas que concluyó la mañana del martes pasado, el juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el que los procesados y la FGR reunirán sus respectivos datos de prueba.
Con excepción de Orozco, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte desde el 25 de septiembre de 2021, el juzgador consideró que todos los implicados deben llevar este proceso en libertad provisional, aunque con la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.
En febrero del año pasado, Pech Galera fue procesado por vez primera por un convenio del 29 de septiembre de 2015 en el que la Sedatu pagó a la UPQR en forma supuestamente indebida 20 millones 100 mil pesos por un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la secretaría.
Ahora fue procesado por un pago ilegal de la Sedatu a la UPQR por 77 millones 157 mil pesos como parte de un convenio suscrito el 17 de febrero de 2016, para que la universidad elaborara una base de datos de 85 mil beneficiarios del Programa de Infraestructura 2016 y un modelo para supervisar sus acciones.
Ambos convenios revisados en la Cuenta Pública 2016 por la Auditoría Superior de la Federación, suman un toral de 97 millones 268 mil 290 pesos.
