José Buendía Hegewisch
Fentanilo, ¿el regreso de la guerra vs. las drogas?
El tráfico de fentanilo es causa de la más alta reclamación del gobierno de Biden a México por la maltrecha cooperación bilateral contra las drogas. La crisis de salud se traduce en un hasta aquí y la exigencia de resultados a un socio que, en su país, tratan como enemigo. En EU creen que López Obrador escamotea la colaboración para no trastocar su política de seguridad frente a los cárteles y reconocer el fracaso de su estrategia social contra las adicciones.
Lo más grave de esta crisis es que en EU resucita el lenguaje de la guerra contra las drogas para culpar a México de envenenar a su población por no hacer lo suficiente contra los cárteles y advertir que también será devorado por su consumo. Biden ha evitado una confrontación que sólo beneficiaría al crimen, pero su margen de acción es estrecho frente a los republicanos por el costo electoral de un problema que deja más muertos que el tráfico de armas.
La tensión ha movido a López Obrador en varios frentes. Por un lado, lanzar a la cancillería a una campaña para repeler los ataques de la derecha conservadora, que nos colocan como su piñata electoral. Por otro, iniciativas punzantes, como prohibir el fentanilo para uso médico, que pone el acento en la culpa de las farmacéuticas en la crisis de opioides. Algo que evitan los republicanos, junto con el control de armas, por ser financiadoras de campañas.
El fentanilo es el nuevo protagonista de la tensión bilateral y un problema complejo por implicar a esa industria, el control de adicciones y hasta la geopolítica, por la importación de precursores de China. “Vamos con todo”, ha dicho López Obrador, pero ¿sus iniciativas calmarán a Biden o bastará con una campaña binacional de educación y salud pública para bajar la demanda?
La guerra contra el fentanilo abre dos frentes con previsibles resultados catastróficos para el país: fortalecer a los cárteles y reforzar la generación de violencia. La virulencia en los ataques de los republicanos, incluyendo la amenaza de habilitar al ejército de EU contra los cárteles mexicanos, agrava el riesgo de que las comunidades, otra vez, sean criminalizadas en el nuevo capítulo antinarco.
El primero es que el ineficaz mantra de la guerra se imponga sobre los enfoques de salud pública de Biden. Ello implicaría privilegiar la acción punitiva policiaca sobre la prevención de adicciones y riesgos de sobredosis, que requieren consumo controlado y desintoxicación. De hecho, son ya un problema para México por el desabasto de medicamentos psiquiátricos, que se agravará con mayores controles legales para su importación. Es falso —como desmienten a López Obrador— que en México no se produzca ni consuma fentanilo, aunque en niveles infinitamente menores a EU. No obstante, su prohibición medicinal afectará severamente a pacientes en el país.
En segundo lugar, profundizar la criminalización de las comunidades equivale a alentar masacres de jóvenes, como en Nuevo Laredo, y el secuestro de cuatro estadunidenses en Tamaulipas, que desataron la crisis. La cuota de sangre y de desaparecidos pagada por México es insostenible, así como el deterioro de la justicia por la penetración del crimen en el Estado bajo la expansión de los negocios de la droga. Consecuencias que, hasta ahora, no logran revertirse con programas sociales para atacar las causas profundas de las adicciones, como ahora también reclama López Obrador a EU.
La guerra contra las drogas nos devuelve al trato de amenaza para EU en detrimento de las oportunidades que abre la cercanía en el bloque económico de Norteamérica. A eso conduce la propuesta de fiscales y la derecha republicana de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, aunque no agregue facultades para su combate fuera de su país.
La crisis del fentanilo cambia las reglas del juego de la colaboración bilateral antinarcóticos. EU cree que ha desaparecido, como en un hábil juego de manos de los prestidigitadores con la política de “abrazos y no balazos” de López Obrador. Su paciencia se agota y la desesperación abre espacio a las peores fórmulas de protección de su seguridad nacional. Aunque el gobierno de López Obrador parece acusar recibo de la gravedad del momento y de que camina en arenas movedizas entre la falta de resultados de su política de seguridad, el reclamo de Biden y la retórica bélica de las alas más radicales republicanas parece que continuarán.
