CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez federal concedió ayer la primera suspensión de la que se tiene conocimiento público para proteger a una empleada del Instituto Nacional Electoral (INE) contra su eventual despido, derivado de la reforma conocida como «Plan B».
Gabriel Regis López, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, otorgó la suspensión provisional a Raquel Mondragón Correa, jefa de Departamento de Programación y Proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, una de las áreas del INE eliminadas por el «Plan B».
Regis decidirá el 23 de marzo si concede una suspensión definitiva, que mantendría a Mondragón Correa en su puesto durante todo el tiempo que tome el trámite de su juicio de amparo.
La empleada del INE impugna la derogación del artículo 60 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que preveía la existencia de la Unidad Técnica donde labora.
También cuestiona el traspaso de las funciones de esa unidad a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, así como ocho artículos transitorios que ordenan al INE concluir su reestructuración a más tardar en agosto, pagar indemnizaciones por despidos con fondos de sus fideicomisos, aprobar un nuevo Estatuto Orgánico y elaborar un nuevo tabulador salarial, entre otras medidas.
La semana pasada, la jueza Blanca Lobo concedió una suspensión definitiva que permitió reinstalar en su puesto a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.
TABLA
Litigios contra el ‘Plan B’
1- Más de 150 controversias y acciones contra la primera parte del «Plan B» (reglas de propaganda electoral y comunicación social).
2- Controversia del INE y acción de MC contra la segunda parte (adelgazamiento del INE, entre otras reformas). Pendiente de admisión.
En juzgados de Distrito vía amparos:
1- Amparo de Edmundo Jacobo para mantenerse como Secretario Ejecutivo
2- Al menos tres amparos de empleados del INE para evitar ser despedidos. Uno ya fue admitido
3- Amparo de asociaciones de municipios contra tope a gasto de comunicación. Admitido pero sin suspensión
