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miércoles 4 de diciembre de 2024

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Bitácora del director

Bitácora del director

Por Pascal Beltrán del Río

Los contrapesos pesan

Este lunes está convocado el Consejo General del INE para votar, en sesión extraordinaria, el proyecto de acuerdo para la implementación del denominado plan B de la contrarreforma electoral.
En el punto 15 del orden del día de la sesión, se especifica que dicho proyecto contempla los “lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral”, ordenados por la contrarreforma.
Sin embargo, una suspensión dictada el viernes por el ministro Javier Laynez Potisek, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puesto en veremos dicha reestructuración, pues, al admitir a trámite la controversia constitucional enviada por el INE, ordenó detener por tiempo indefinido los efectos del plan B hasta que el pleno del máximo tribunal se pronuncie sobre los artículos impugnados. Asimismo, dispuso que, por lo pronto, rija el marco legal previo.
Así, aunque todavía resulta incierto qué disposiciones se aplicarán en el proceso electoral 2023-2024, el ministro guardó en el congelador la contrarreforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De no haberlo hecho, el INE hubiera tenido que proceder a encogerse hasta quedar en aproximadamente 15% de su tamaño actual, con lo cual, a decir de diferentes expertos, habría sido incapaz de cumplir funciones básicas.
Esa posibilidad aún existe, desde luego, pues para declarar inconstitucional la contrarreforma se requiere el voto de, por lo menos, ocho de los once integrantes de la Corte, lo cual será difícil de conseguir. Sin embargo, hasta ahora, el Poder Judicial ha decidido jugar su papel de contrapeso y escuchar las razones de quienes sostienen que los cambios pudieran resultar perniciosos para la democracia, entre ellos el propio INE.
La suspensión dictada por Laynez se suma a otras dos resoluciones de relevancia: la del también ministro Alberto Pérez Dayán, quien, al dar entrada a siete acciones de inconstitucionalidad –presentadas por cuatro partidos políticos, entre otros–, frenó la aplicación de la primera parte del plan B en los comicios de este año, en el Estado de México y Coahuila, así como la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declaró “inaplicable” el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, ordenado por el artículo 17 transitorio de la contrarreforma.
El sábado, en gira por Quintana Roo, el presidente López Obrador tuvo palabras muy duras para la Suprema Corte, a la que acusó de ser parte de la “mafia del poder”. Sus “distinguidos miembros”, agregó, son iguales que “los conservadores, que no quieren que haya democracia”.
En realidad, lo preocupante hubiera sido que el criterio del mandatario, que ya había sido avalado sin cambios por la mayoría de los diputados y los senadores –quienes no leyeron siquiera la iniciativa de la contrarreforma antes de votarla, como quedó evidenciado–, hubiera pasado también la aduana del Poder Judicial sin una sola observación.
Este año se cumplen 275 de la publicación de El Espíritu de las leyes, la obra en que Montesquieu plantea la división de poderes.
“Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación –escribió el filósofo–, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”.
Y agrega: “En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres o de nobles o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente”.

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