Jorge Fernández Menéndez
Seguridad, GN e INE en la Corte
Para mi padre, Emilio, siempre en el corazón
y las convicciones.
Este mes veremos realmente cómo ha quedado el equilibrio de fuerzas en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Están por decidirse temas torales para el futuro del país, desde la constitucionalidad de la reforma electoral, la participación militar en la seguridad y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta la legitimidad de los liderazgos partidarios, incluso las decisiones de género en términos electorales.
Ayer se divulgó la propuesta de resolución del ministro José Luis González Alcántara respecto a la constitucionalidad de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y con relación a la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.
En los dos temas, la propuesta del ministro, que fue recomendado por el presidente López Obrador, es contraria a las normas aprobadas. Sostiene en forma enfática que “la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional” y que “ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles… Sólo ante una habilitación constitucional o bien, derivada de la activación del procedimiento de restricción o suspensión de los derechos y las garantías previsto en el artículo 29 constitucional, las Fuerzas Armadas permanentes puede colaborar en labores de seguridad pública, atendiendo a las salvaguardas ya mencionadas”.
También opina que se viola la Constitución con la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, porque “considerar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar” es un fraude, dice, a la Constitución.
El debate se tendrá que dar antes de que concluya el mes de abril y es nodal, porque buena parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal (muy desafortunada en sus resultados), se basa en esas premisas. Ambas son hoy un hecho: la seguridad está en manos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional está, en los hechos, bajo el mando de la Defensa. Si las normas fueran declaradas inconstitucionales ese esquema debería ser cambiado en profundidad y será, además, un desafío diseñar uno nuevo no sólo para el año y medio que le resta a esta administración, sino también para quien asuma en 2024, sea o no de Morena, porque en estos años, más allá de que se ha hecho un enorme esfuerzo para la creación de la Guardia Nacional, todo el diseño está pensado en que esa institución supuestamente civil esté bajo una estructura, una administración y un mando militar.
Para aprobar la acción de inconstitucionalidad se requieren ocho de los 11 votos de los ministros del pleno de la Suprema Corte. Con la posición asumida por González Alcántara se podría pensar que hoy el gobierno federal tendría dos o quizás tres votos, difícilmente los cuatro necesarios.
También la Corte tendrá que decidir sobre el plan B electoral. Ya se procesó, con menos turbulencias de las que se esperaba, el cambio de Lorenzo Córdova en la presidencia del INE y de otros tres consejeros y si bien por lo menos tres de los cuatro elegidos por insaculación, porque nunca se buscó un acuerdo entre partidos, se perciben cercanos a Morena, la nueva presidenta, Guadalupe Taddei, y los otros tres consejeros son personajes con experiencia en el sistema electoral. Pero la clave hoy no está en el Consejo General del INE, sino en que avance o no una reforma que desarticula el sistema electoral civil de carrera. Y ésa es la decisión que tendrá que tomar, más temprano que tarde, el pleno de la Corte. Una vez más, no se ve fácil que el gobierno tenga los cuatro votos que al menos necesita para dejar en firme esa reforma.
Pero por eso mismo, la dirigencia de los partidos, ahí sí sin diferencias políticas, quieren acotar las atribuciones del INE y del TEPJF para atender asuntos internos de los partidos, sobre todo los relacionados con sus dirigencias y métodos de selección, sobre todo ahora que la ampliación de los mandatos de Alejandro Moreno en el PRI y de Mario Delgado en Morena han sido legalmente invalidados y cuestionados. Quieren hacer una reforma que le impida a las instituciones electorales involucrarse en la vida interna partidaria, incluyendo la distribución de cargos y candidaturas con equidad de género.
Los dirigentes olvidan que sus partidos se financian con recursos públicos (nada más y nada menos que un mínimo de seis mil millones de pesos al año) y que, si las instituciones electorales no pueden controlar que los partidos cumplan con su propia normatividad, no hay quien lo haga. Sobre los temas de género parecen ser las mujeres de los partidos las que le pondrán un alto en esta iniciativa a sus dirigencias.
Lo cierto es que de acuerdo con lo que se resuelva en términos de seguridad, de reforma electoral y de atribuciones de las instituciones en la vida interna de los partidos, dependerá mucho del futuro inmediato, de esta administración y de la siguiente, pero también de la vida democrática del país.
