Por Francisco Garfias
Rebelión en San Lázaro
Decía ayer el morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que nada se gana con llevar un dictamen a votación —como el de la reforma constitucional que acota las atribuciones del Tribunal Electoral— si no lleva el apoyo necesario para que sea viable. Allí está la explicación al impasse (callejón sin salida) en el que se encuentran las negociaciones para alcanzar la mayoría calificada (dos tercios de los presentes) que requiere la aprobación de la polémica reforma a los artículos 41, 73, 99 y 105.
Los detractores de la regresiva reforma advierten que, de aprobarse, se establecerían potestades inadmisibles a los partidos políticos, se trastocaría la paridad de género y las acciones afirmativas que han abierto espacios públicos a las minorías (indígenas, LGBTQ+, migrantes…). Diputados de oposición, con los que hablamos en corto, nos dijeron que el problema principal para la reforma es la rebelión en la granja morenista. Ya no es un tema de los alcances de la iniciativa, sino de que la fracción está dividida en sus apoyos a las corcholatas, explicaron. Por un lado andan los que están con Claudia Sheinbaum, por el otro, los de Marcelo, y los de Adán y los de Ricardo, son menos, pero hacen ruido.
Una que sí dio la cara, pero en el Senado, fue la morenista-marcelista, Malu Mícher. Dijo que si la Cámara de Diputados manda la “reformita” a la Cámara alta “aquí no la vamos a aprobar. No vamos a permitir que el patriarcado de los partidos políticos venga aquí a ignorar el feminismo del Senado. Que quede muy claro: no pasará…”, precisó Mícher.
Tampoco en el PAN ni en el PRI parece haber consenso. Le preguntamos al diputado azul Marco Adame su opinión sobre la controvertida reforma. Nos dijo: “El momento del país exige un cierre de filas total en defensa de las libertades, la democracia y la Constitución. Cualquier otra posición, incluidas reformas al sistema electoral, son inoportunas y contraproducentes. Las fuerzas políticas deben definirse en contra por congruencia histórica, cívica y de principios. Son inadmisibles los cálculos políticos intrapartidistas, en medio de la radicalización de la deriva autoritaria del gobierno. Ante eso no hay argumentos válidos, aunque haya habido excesos del Tribunal. Hoy más que nunca es necesaria una postura firme y aplicar la moratoria constitucional”, puntualizó.
En San Lázaro corrieron rumores de que Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, se habría pronunciado contra la reforma. Le preguntamos, vía WhatsApp, sobre la veracidad de la versión. Desmintió: “Seguramente, la traen chueca. Lo único que dijimos es que no había nada que opinar, porque no hay ningún texto sobre el cual discutir. En todo caso, estamos a favor de que se respeten las acciones afirmativas y lo que las mujeres han conseguido. Pedimos también respetar a los tribunales. Dejarlos trabajar de manera adecuada. Eso, en sí mismo, no tiene ninguna contradicción”, finalizó.
La Comisión de Puntos Constitucionales sacó un comunicado cerca de las 20 horas en el que avisa a sus integrantes que los trabajos de la 15ª reunión ordinaria se reanudarán este jueves, pero no hay hora.
* El pleno del Inai no pudo sesionar ayer por falta de quórum legal para hacerlo. Sólo hay cuatro comisionados en funciones. Se requiere un mínimo de cinco —de los siete que lo integran— para sesionar y tomar decisiones. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Inai, subió un tuit en el que no oculta su preocupación por la falta de acuerdos para elegir a los tres consejeros que faltan. “En la sesión pública suspendida se resolverían, en promedio, 500 medios de impugnación de la ciudadanía. Estos quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el Senado mexicano”, escribió Ibarra.
La situación se le complicó al Inai a partir del veto de López Obrador a los dos aspirantes que alcanzaron la mayoría calificada requerida en la Cámara alta: Yadira Alarcón y Rafael Luna. No existe pretexto válido para no reemplazarlos. Hay por lo menos diez aspirantes que cumplen con los requisitos —cinco hombres y cinco mujeres—, pero la elección no parece depender ya del Senado, sino de Palacio Nacional. La 4T no esconde su aversión a la transparencia. López Obrador menos. El Presidente dice que los comisionados son “alcahuetes” de los conservadores. De lo que no habla es de los datos revelados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre los abusos e irregularidades en las compras del gobierno, durante 2022:
— Ocho de cada diez contratos se asignaron por adjudicación directa. A pesar de que el Presidente prometió prohibirlas, no hay indicios de que pretenda cambiar de rumbo.
— El monto de compras entregado por mecanismos que deberían ser excepcionales representó más de la mitad del total de recursos gastados en contratos, lo cual contradice las leyes de compras. Es el cuarto año que esto sucede de manera consecutiva, consolidándose como la nueva regularidad de este gobierno.
Tiempos de opacidad, tiempos de la 4T.
