Por Jorge Fernández Menéndez
Fentanilo: intereses no alineados
Ayer, el gabinete de Seguridad de México, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, estuvo en Washington, en una reunión para definir la colaboración bilateral con Estados Unidos en el tema del fentanilo y las armas. Obviamente, no sabemos los resultados de ese encuentro privado, pero lo cierto es que parece existir una suerte de teléfono descompuesto entre las dos administraciones en los temas, donde los intereses nacionales no están alineados.
La comitiva mexicana del más alto nivel no fue recibida por sus homólogos de la Unión Americana. Por México estuvieron, junto con Ebrard, los secretarios de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval; el de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, encargada del tema del fentanilo en el gobierno federal, el embajador de México, Esteban Moctezuma Barragán, e incluso el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por EU, la presencia fue de funcionarios básicamente de mandos operativos, en una parte del encuentro estuvo el fiscal Merrick Garland, la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, el secretario de Marina, Carlos del Toro, y el director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, Rahul Gupta. Pero no estuvieron ni el secretario de Estado ni el jefe del Homeland Security, ni mandos militares de primer nivel ni los directores de la DEA u otras agencias.
Me imagino que debe haber influido en el tono del encuentro el peso que tuvo la carta enviada por el presidente López Obrador al gobierno chino, con quejas ante el presunto intervencionismo estadunidense en México, pero, sobre todo, la insistencia, tanto de China, que niega exportar fentanilo, como del presidente López Obrador, ratificado en el encuentro de Washington por Rosa Icela, de que México no produce fentanilo.
Es evidente que en México se producen millones de píldoras de fentanilo ilegal. Es más, existe una importante labor de decomisos de embarques de fentanilo y de destrucción de laboratorios. Es verdad que los precursores vienen de China, pero las pastillas de fentanilo ilegal o las que mezclan este producto con otras drogas, desde metanfetaminas hasta cocaína, son, en un alto porcentaje, fabricadas en México.
Apenas horas antes de que comenzara el encuentro, cuando los funcionarios mexicanos ya estaban en Washington, el zar antidrogas, Rahul Gupta, ratificó que en México sí se produce fentanilo y que los componentes básicos provienen de China. “Sabemos, dijo a la Voz de las Américas, que los componentes químicos de China están llegando a México. Sabemos que el fentanilo se está produciendo en México. Sabemos que hay transbordo por la frontera, así como por rutas aéreas y marítimas a Estados Unidos”.
El gobierno de Biden presentó un plan de cinco puntos para atacar el tráfico de fentanilo que involucra la colaboración de México y Canadá (luego del encuentro bilateral hubo uno trilateral con autoridades canadienses), que tampoco parece estar muy definido. El punto central pasa por los intentos de intercepción de los envíos de China hacia México (y Canadá), pero eso será muy complejo sin la colaboración, que es evidente que no se dará, de China.
El fentanilo para el gobierno de Xi Jinping parece ser una carta de presión y negociación en medio de la guerra comercial y del conflicto por Taiwán. México parece querer jugar una posición intermedia imposible de sostener, en la cual el discurso presidencial, duro contra Estados Unidos y contra funcionarios de Biden, contra los legisladores republicanos y demócratas, y al mismo tiempo de apoyo a Trump, no parece contribuir en absoluto a allanar las cosas.
Me temo que la crisis del fentanilo, más allá de las declaraciones, se prolongará en el tiempo sin las soluciones que la situación exige y con costos, diferentes pero simultáneos, tanto para México como para Estados Unidos.
GARDUÑO Y EL INM
Esta semana, el presidente López Obrador insistió en que el gobierno federal no protege al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ante los hechos ocurridos hace dos semanas en un centro de detención en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes.
La FGR inició una investigación penal contra el comisionado, pero el delito por el que está acusado es el de ejercicio ilícito del servicio público, que no amerita prisión preventiva. Por ende, no pisará la cárcel e, incluso, puede llegar a un acuerdo reparatorio que cierre el proceso antes de que inicie formalmente un juicio. Lo más desconcertante es que Garduño, como aceptó el presidente López Obrador, permanece en el cargo mientras él y la institución que dirige son investigados.
Lo menos que se podría esperar es que el funcionario fuera separado de su cargo mientras es investigado. Si permanece en él, de lo que se trata es, precisamente, de una forma de protección, pero, además, está siendo investigado por un delito relativamente menor, muy lejos de la responsabilidad de la muerte de los migrantes, aunque se suman otros delitos, como un evento similar ocurrido en otro centro de detención en Tenosique, Tabasco, el haber ignorado recomendaciones de la CNDH y la contratación de una empresa de seguridad privada a un sobrecosto de más del doble de lo que cuestan esos servicios. Pero aquí no se protege a nadie.
