Por Jorge Fernández Menéndez
DEA, infiltrados y Chapitos
¿Usted cree que el que la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, haya infiltrado a tres agentes en la estructura del cártel de Los Chapitos, el de los hijos del Chapo Guzmán, sea, como dijo el presidente López Obrador, una “grosera intromisión” en los asuntos internos de México?
A lo largo de las décadas, la DEA ha cometido muchos errores con México, con investigaciones y denuncias en ocasiones sin fundamento y sin duda ha tenido actitudes algo más que injerencistas. Pero en esta ocasión lo que ha hecho la agencia estadunidense es infiltrar una organización criminal internacional, nacida en México, pero con operaciones en Estados Unidos, en Canadá, en toda Centroamérica, en Colombia, en Perú, Ecuador y en Asia. Una organización criminal que, además, se ha convertido en la principal productora y distribuidora de fentanilo ilegal en Estados Unidos. Y que en México es una de las principales generadoras de violencia.
Es verdad que después de la catastrófica investigación que hizo un grupo de la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos, la confianza de las autoridades mexicanas respecto a esa agencia quedó por los suelos, la cooperación con ella se fue casi a ceros, y todo eso se alimentó con una profunda desconfianza mutua. México expidió una ley según la cual ninguna agencia podría operar en nuestro país sin informar a las autoridades de sus objetivos. Pero, como dijimos entonces, ésa es una expresión de deseos: ninguna agencia de ningún país, si tiene objetivos o personal encubierto en una organización criminal, difícilmente lo compartiría con autoridades de otro país, salvo exigencias operacionales o de inteligencia muy concretos.
No estamos hablando de que una agencia estadunidense o de cualquier otro país haya infiltrado el gobierno mexicano o una de sus agencias (que ya lo han hecho miles de veces, la última confirmación es que José López Portillo, según documentos desclasificados en torno al caso Kennedy, y para el actual gobierno “el último presidente de la Revolución”, fue informante durante años de la CIA, como también lo fue Luis Echeverría), sino que se infiltraron en una organización criminal transnacional, y obtuvieron testimonios e información importante sobre operadores, rutas de tráfico, esquemas de protección.
Y todo eso se divulgó un día después de la reunión binacional sobre fentanilo que se realizó en Washington y en la que participó el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el fiscal general de la República. No hay demasiada información sobre lo acordado en la reunión bilateral, pero resulta poco creíble que en ella no se hubiera abordado lo que se anunció horas después, que fue la ofensiva del gobierno estadunidense contra el cártel de Los Chapitos y la información sobre los infiltrados, que es, además, parte de la demanda de extradición contra Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo.
Es más. El motivo de preocupación del gobierno federal debería ser que esa ofensiva contra Los Chapitos se anunciara desde Washington y no desde Palacio Nacional, que Los Chapitos no fueran nuestro principal objetivo de seguridad, que se supiera que una agencia de otro país pudo llegar hasta los niveles de mando de ese cártel y que la inteligencia mexicana no.
En realidad, estoy convencido de que las áreas de seguridad mexicanas tienen buena y confiable información sobre los cárteles, pero también creo que existe una decisión política de no golpearlos con toda la fuerza del Estado. En última instancia de eso estamos hablando cuando se dice lo de abrazos y no balazos. Con la consecuencia de que cada vez hay más balazos, más muertes, más violencia, más inseguridad y se sigue utilizando como único recurso argumental que todo es herencia de Calderón, cuando ha pasado una década de que concluyó aquel gobierno y hoy las cifras de muertos y el empoderamiento de los cárteles son muy superiores a entonces.
Es verdad que durante la administración de Calderón y, en parte, la de Peña Nieto, las agencias estadunidenses tuvieron una amplísima intervención en temas de seguridad en México. No es verdad que, por ejemplo, la Secretaría de Marina, como dijo el presidente López Obrador, fue manejada por la DEA u otras agencias. Pero la colaboración sí fue estrechísima, lo que no impidió abusos y distorsiones. Pero también éxitos importantes: los Zetas, los Beltrán Leyva, los Templarios, el Cártel de Juárez, entre otros grupos criminales, fueron prácticamente aniquilados. Volvieron a resurgir algunos de ellos o sus sucesores en los últimos años, donde la colaboración ha brillado por su escasez.
Pero no deja de ser contradictorio y paradójico que los mismos funcionarios y políticos que aplaudían que las agencias estadunidenses hubieran juzgado a García Luna y pedían que se ampliaran esos procesos en los tribunales de ese país, se quejen ahora de injerencismo cuando se persigue a Los Chapitos.
No sabemos con certidumbre cuáles han sido los esquemas de colaboración que se han alcanzado con Estados Unidos y Canadá, o siquiera hasta dónde llegan. Es evidente que, en ocasiones, éstos no pasan del papel. Lo que sí sabemos es que, sin una colaboración profunda, sin una estrategia que involucre a todos los principales actores y, sobre todo, en la que exista la convicción de que esas organizaciones criminales se deben desarticular desde sus cabezas, y que sus líderes deben ser apresados y juzgados, lo único que quedará será administrar, en ambos lados de la frontera, la tragedia.
