Jorge Fernández Menéndez
Dos choques: la Corte y el Pentágono
Me temo que todo el andamiaje de seguridad de la administración federal puede desmoronarse con mayor facilidad de lo que algunos creen y en esa lógica pareciera que el presidente López Obrador, ya en plena dinámica 2024, está dispuesto a dinamitar puentes en forma por demás riesgosa.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de 8 de los 11 ministros del pleno, rechazando por inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, obliga al gobierno a replantearse toda la estructura e incluso la estrategia de seguridad implementada, con poco éxito, por cierto, en este sexenio.
Todo se ha construido en torno a la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y, sobre todo, en la creación de la Guardia Nacional y su incorporación a la Sedena con el argumento, en ese sentido falso, de que de otra forma “se corromperá completamente”. Pues la tarea ahora para el Presidente en los 17 meses que le quedan de mandato, pero sobre todo para quien sea su sucesor o sucesora, es definir un esquema de seguridad con una Guardia Nacional de carácter civil.
Por supuesto que se puede apelar a la simulación y continuar de hecho con una estructura institucional que resulte ficticia. Pero no creo que una vez resuelto ese tema ayer en la Corte se pueda seguir transitando de la misma manera.
Soy un convencido de que se debe mantener a las fuerzas militares en la seguridad, no sólo porque es necesario, sino porque no tenemos otra alternativa en el corto o mediano plazo. Tampoco me parece mal que la Guardia Nacional, una institución que ya tiene más de cien mil elementos, esté bajo mando militar porque su estructura, sus mandos, su presupuesto, provienen de la Defensa.
El problema, como ha ocurrido a lo largo del sexenio, es que en lugar de negociar cambios legales y constitucionales que permitieran darle forma legal a esa participación, una forma legal que sirviera, además, para proteger, para darles respaldo legal, a las propias fuerzas militares y sus mandos en sus actividades contra el crimen, se optó por tratar de imponer primero una fracasada reforma constitucional y, después, una ley que violaba la propia reforma constitucional que se había logrado (todavía eran tiempos de encontrar consensos) en 2019, que declaraba que la Guardia Nacional sería civil y ponía límites a la participación militar en seguridad.
La participación civil en la GN prácticamente desapareció e incluso los dos secretarios del área, primero Alfonso Durazo y luego Rosa Icela Rodríguez, no tuvieron mando formal alguno sobre las fuerzas de la Guardia Nacional. Luego de la salida de Ricardo Mejía, llegó a la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el excomandante de la Guardia Nacional, el general en retiro Luis Rodríguez Bucio y desde allí se da la coordinación con los mandos militares y la GN.
Pero desde la salida de Julio Scherer Ibarra de la consejería jurídica también se optó por romper amarras con el Congreso, incluso con Ricardo Monreal en el Senado, no negociar nada con las oposiciones, y, además, se perdió interlocución con la Suprema Corte y el Poder Judicial, donde incluso se llevó la confrontación a límites insospechados luego de la elección de la ministra Norma Piña como presidenta y, desde entonces, rotos los diálogos, la constante ha sido un retroceso tras otro del gobierno. Lo sucedido ayer con la Guardia Nacional es el preámbulo de lo que probablemente ocurrirá en la Corte con el plan B electoral en los próximos días.
Mientras tanto, el gobierno federal ha decidido confrontarse con Estados Unidos. Esta semana el presidente López Obrador ha aumentado el tono del conflicto, ha calificado la infiltración de agentes de la DEA en la organización criminal transnacional de Los Chapitos como “una intromisión grosera y prepotente”, ha dicho que “no confía” en la DEA, puso en duda las medidas de colaboración y ayer fue mucho más allá: aseguró que el Pentágono, o el mando militar estadunidense, es el que hace espionaje contra las secretarías de la Defensa y la Marina en México.
Para el Presidente, las filtraciones, el robo de documentos del grupo Guacamaya, los cables sobre diferencias entre la Defensa y la Marina, difundidos en una filtración masiva de documentos hace varios días en Estados Unidos, son parte del trabajo de espionaje que hace el Pentágono contra las fuerzas militares mexicanas. Es una acusación gravísima que, además, se hace sin una sola prueba que la sustente.
No dudo que detrás de Guacamaya pueda estar algún servicio de inteligencia o un grupo de hackers internacionales, no lo sabemos. Pero acusar directamente al Pentágono no tiene sentido, cuando incluso ese tipo de labor, si se da, la realizan generalmente otras agencias. Menos aun cuando, hasta hace muy poco, la mejor relación bilateral en temas de seguridad entre México y Estados Unidos se daba, no sé si algo habrá cambiado muy recientemente, entre las fuerzas armadas estadunidenses y las mexicanas.
El propio jefe del Comando Norte, el general VanHerck, incluso cuando dijo que 35 por ciento del territorio mexicano estaba controlado por el narcotráfico, les aclaró a los senadores de su país que la relación con el Ejército mexicano era “magnífica”, con un intercambio muy intenso de todo tipo.
Distanciarse de la DEA tiene poco sentido, pero es manejable: calificar de “departamentito, conservador e intervencionista” al Departamento de Estado es poco sensato, pero romper con el Pentágono y las fuerzas armadas de Estados Unidos es suicida.
