Alexis Massieu
Amparado por una ley que lo exime de la obligación de declarar ante una autoridad judicial, Manuel Bartlett Díaz, Director de la CFE, no comparecerá ante el Juzgado Federal donde se está ventilando la demanda que, por 700 millones de dólares, presentaron las subsidiarias de AHMSA, Minera del Norte, y el Corporativo Industrial Coahuila en contra de la Comisión.
Fue el día de ayer, que se dio a conocer en el Juzgado Cuarto de Distrito, cuáles fueron las pruebas que se les admitió tanto a las demandantes, como a la paraestatal, con motivo de demostrar si la cancelación de los contratos para el suministro de carbón, fue arbitraria o no, las cuales se van a presentar los días 22 y 23 de mayo.
Además de no llevar a Bartlett al banquillo de los acusados, el juzgado federal les desechó a los abogados de CICSA, y de MINOSA, una prueba crucial consistente en un informe que debía rendir el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para saber si es cierto que le solicitaron a la CFE reducir su consumo de carbón en la planta Central Termoeléctrica Carbón II, y en la planta Central Termoeléctrica José López Portillo.
Junto a las pruebas documentales, y un video de una entrevista que se le hizo a un directivo de la CFE, a las empresas demandantes, se les admitieron los testimonios de altos ejecutivos de la Minera del Norte, e inclusive, de un alto directivo de AHMSA, incluyendo a 6 funcionarios de alto nivel de la CFE.
Entre las pruebas aceptadas, será crucial para las pretensiones de AHMSA y sus subsidiarias, el reconocimiento de firmas que deberá hacer Carlos Humberto Aguirre Arredondo, Director General de CFE Generación IV, respecto de los oficios GEN IV/REC/00350/2020, y 00351/2020, del 17 de junio del año 2020, en la que se notifica la cancelación de la totalidad de partidas de suministro de carbón de los contratos 9100022117 y 9100022123.
Como se recordará, el juicio identificado con el número 38/2022, derivó de la cancelación de los contratos que empresas subsidiarias de AHMSA tenían con la CFE para surtir de materia prima a la termoeléctrica de Nava, y que derivó en el cierre de MICARE.
Si el principal directivo de la Comisión de Electricidad, Manuel Bartlett, no está obligado a atestiguar–aclaró el juzgado—es porque en el Código de Comercio se establece, que el Presidente de la República, los secretarios de Estado, los titulares de los organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, el Gobernador del Banco de México, los senadores, diputados, magistrados, jueces, generales con mando, y las primeras autoridades políticas del Distrito Federal, no están obligados a declarar.
LOS TESTIGOS
Entre los altos directivos que desfilarán el 22 de mayo para declarar en el Juzgado Cuarto de Distrito, están: Sergio Alfredo Mendiola Rodríguez, representante legal de MINOSA, Jorge Alberto Carielo Charles, el Subgerente de Asuntos Jurídicos de la Minera, y Arturo Arroyo Mendoza, Director de Operaciones de Materias Primas de AHMSA.
En un segundo bloque de testigos, se encuentran Juan Manuel Aguilar Reséndiz, Superintendente General, Agustín Zúñiga Alvarado, Superintendente de la Central Generadora de Energía Eléctrica, y Manuel Elizondo González, jefe del Departamento Central de la Termoeléctrica Carbón II. Gerencia Regional de Generación Norte.
En el último bloque de testigos, se incluyó a David Aguirre Arredondo, Superintendente de Producción, a Juan Cruz Ramírez, Encargado del Despacho de la CFE Generación VI, y a Roberto Ibarra Reyna, Jefe del Departamento Mecánico.
