Pablo Hiriart
Acoso criminal a Norma Piña, y golpe a la Corte
Las presiones del Presidente, de Morena y de gobernadores de ese partido son una convocatoria al golpe de Estado contra la autoridad de la SCJN
La escalada contra la ministra Piña y otros siete ministros que no se doblegan en su tarea de salvaguardar la integridad de la Constitución, conduce a la violencia.
Ya le pusieron una pistola en la cabeza en redes sociales.
Afuera de la Suprema Corte se plantó una persona con armas de utilería para simular la ejecución de los ministros.
Incendiaron la figura de Norma Piña en el Zócalo.
Ahora llaman al “tigre” a actuar contra ella.
Distribuyeron panfletos con su cara y la leyenda: “El rostro de la corrupción”.
¿Qué falta para que materialicen una sola de sus locuras homicidas?
Ya sabemos que en Morena anidan grupos criminales.
Sabemos que el presidente López Obrador alienta la cacería contra la ministra y los ministros que le dicen no.
Están puestas las condiciones para que se perpetre un acto violento contra alguno de los integrantes del tribunal constitucional.
Los delincuentes que quieren quedar bien con las autoridades federales leen el mensaje presidencial y encuentran ahí el visto bueno para cometer una locura mayor: matar. O intentarlo.
Lo vimos en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.
Las presiones del Presidente, de Morena y de gobernadores de ese partido son una convocatoria al golpe de Estado contra la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Y la sociedad? ¿No va a defender a la ministra Piña y a los demás integrantes de la Corte?
Pues, si a los empresarios, que supuestamente aprecian el valor del Estado de derecho…
A los académicos, que saben la importancia de la división de poderes…
A los partidos de oposición, que necesitan el respeto a las reglas del juego constitucional…
A las organizaciones de trabajadores que sólo tienen como defensa el amparo de la ley contra abusos de las autoridades…
A las feministas que han reconocido la importancia de que una mujer llegue a la presidencia de la Corte…
A la ciudadanía en general, que aún vive en un Estado democrático…
Si a todos ellos les tiene sin cuidado que atropellen así a la ministra Norma Piña, que el Presidente de la República azuce a la jauría contra los ministros, y que cinco entidades federativas desconozcan la autoridad de la Suprema Corte, entonces no hay mucho que hacer.
Por cobardía o desidia, han dejado sola a la ministra y a los siete magistrados que dijeron no a una legislación inconstitucional.
Luego del fallo de la Corte, que desautoriza poner a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, el Presidente rompió relaciones con la Suprema Corte.
Instruyó a los funcionarios del Poder Ejecutivo que “no les tomen ni la llamada” a los ministros.
Fue más allá, y dijo que la Corte era una “élite corrupta” y sus ministros unos “politiqueros ramplones” por decirle no a militarizar la Guardia Nacional.
“No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente”, dijo el Presidente.
De inmediato salieron gobernadores del Pacífico, algunos de los cuales contaron con el apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar, a desautorizar el fallo de la Corte.
“La y los gobernadores de la región del mar de Cortés, compuesta por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, afines al proyecto de la cuarta transformación, rechazamos la decisión de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revierte la incorporación operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional…”.
“Por eso apoyamos sin regateos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de suspender la comunicación de un organismo jurisdiccional que ha demostrado su sumisión a intereses y políticas del pasado”.
Sí, leímos bien: cinco gobernadores “rechazan” una decisión de la Corte, que en un Estado democrático es inapelable.
Cinco gobiernos estatales “suspenden” la comunicación con la SCJN, porque es “sumisa a intereses y políticas del pasado”.
Si hubiera legalidad, tendrían que ser desaforados y destituidos.
Estamos viendo, y viviendo, un golpe de Estado contra la autoridad de la Corte.
Lo que hizo la votación del pleno de la Suprema Corte no fue decir que sea o buena o mala la militarización permanente de la Guardia Nacional, sino que va contra el artículo 21 de la Constitución, que dice:
“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación”.
Pero si poco o nada le interesa a la sociedad esto que sucede ahora en el país, el destino es la ley de la selva, la ingobernabilidad y la desintegración de la República.
