La Secretaría de la Función Pública comparte con el Poder Ejecutivo Estatal, el Sistema Integral de Evolución Patrimonial.
En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, el uso del sistema ayudará a identificar la situación patrimonial de los servidores públicos y a reforzar la prevención de actos contrarios a la integridad institucional.
El Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron este jueves un convenio de colaboración para que la Administración Estatal pueda utilizar el sistema informático que desarrolló la dependencia federal para la revisión aleatoria de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas de la entidad.
Mediante el instrumento, signado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el secretario Roberto Salcedo Aquino, además de usar el Sistema Integral de Evolución Patrimonial (SIEP), el Poder Ejecutivo Estatal recibirá capacitación de la SFP para operarlo.
El Gobierno de Coahuila y la SFP se comprometen a reforzar la prevención de posibles faltas administrativas, así como al intercambio de información con la finalidad de fortalecer el combate a la corrupción.
El gobernador Miguel Riquelme refrendó su firme compromiso de continuar trabajando hasta el último día de su gestión para responder a las demandas ciudadanas en materia de fiscalización y entregar un Coahuila confiable, con estabilidad social, que prosiga su marcha hacia mayores estándares de inversión, competitividad y progreso.
Resaltó que su Gobierno ha sentado las bases institucionales para el combate a la corrupción y la impunidad y consolidar una Administración Pública integrada por funcionarios que se desempeñan bajo los principios éticos.
Riquelme Solís puntualizó que con el convenio existe la plena seguridad de que esta herramienta será utilizada con eficiencia, ética y alta responsabilidad en el cumplimiento de las tareas de rendición de cuentas.
La Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Teresa Guajardo Berlanga, expuso que la actuación de las personas servidoras públicas del Estado se ejerce en estricto apego a los principios de ética, integridad y honestidad.
Además, se da puntual seguimiento a los mecanismos del control interno en tres rubros principales: manejo responsable de los recursos públicos, innovación gubernamental y participación ciudadana.
Como ejemplo, expuso que en Coahuila se tiene la operación de los Comités de Contraloría Social, el Observatorio Ciudadano Digital y “QuejaNet”, el buzón electrónico de quejas, sugerencias y denuncias.
Además de que, año con año, todos los servidores públicos cumplen con su deber legal y responsabilidad ética frente a la ciudadanía de manifestar su Declaración Patrimonial.
Por su parte, el secretario Roberto Salcedo Aquino afirmó que la firma de este convenio es muestra del compromiso e interés del Ejecutivo del Estado de Coahuila y sus instituciones para mejorar la marcha de la maquinaria gubernamental y contribuir a que ésta funcione con honestidad.
Dijo estar seguro de que el intercambio de conocimientos y sistemas entre el órgano de control de esta entidad federativa y la SFP permitirá potenciar las capacidades para cuidar que el presupuesto se ejerza con eficacia y probidad.
En su intervención, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, dijo que el gobierno municipal mantiene un estricto monitoreo sobre la rendición de cuentas y declaraciones patrimoniales. Agregó que durante 2022, Saltillo tuvo un cumplimiento del 99 por ciento. «El compromiso ha sido muy claro, seguiremos por la ruta de la transparencia y la legalidad, que nos permita mantener un municipio fuerte y próspero», expuso.
La colaboración se realiza en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que busca diseñar estrategias para homologar la normativa en materia de control interno y su evaluación, a fin de que sea aplicable en los tres órdenes de Gobierno y priorizar la prevención de hechos de corrupción.
En el evento también estuvieron presentes Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado; la diputada Lizbeth Ogazón Nava, representante del Congreso del Estado; Manuel Ramírez Briones Auditor Superior del Estado; Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas y Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública.
