Alexis Massieu
Mientras que las reformas del llamado Plan “B”, no sean avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habrá afectación alguna, tanto para la ciudadanía, como para los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva número 3 de Monclova, quienes presentaron una demanda de amparo colectiva como se hizo en muchas partes de la República.
Lo anterior, lo dio a conocer el Vocal Ejecutivo Julio Cesar Coello Velasco, quien aclaró que si bien, algunos de los integrantes de la Junta Distrital local, presentaron una demanda de amparo, no fue como se indica en el juzgado federal, en contra sus superiores en la Ciudad de México, sino contra el referido Plan “B”.
El entrevistado, señaló que con la demanda que presentaron, solicitaron a las autoridades que se suspendieran los efectos de la reforma o Plan “B” para que no se causen afectaciones que sean irreparables, la cual, les fue concedida en lo individual, y de manera colectiva gracias a una demanda presentada por el propio INE.
La Suprema Corte, explicó, otorgó la suspensión contra las modificaciones que se hicieron a la ley, en tanto se analiza el caso, y se resuelve sobre su inconstitucionalidad.
En cuanto a las demandas individuales, dijo que se presentaron muchísimas a nivel nacional, donde se prevé que sean acumuladas, y se resuelvan como una sola por parte de la SCJN.
Por lo pronto indicó, están suspendidos todos los efectos de la reforma o Plan “N”, gracias a las demandas de amparo, como a la que interpuso el INE, y por eso es que ningún funcionario o trabajador del INE se ha visto afectado.
Aseguró que la demanda no tiene nada que ver con el papel que como empleados pueden tener los consejeros, sin embargo, en caso de aplicarse la ley, una de las principales afectaciones para ellos, es que quienes ocupan esos cargos, tendrían los días contados, ya que la junta, como se conoce hoy en día con sus 5 vocales desaparecería, al ser sustituida por una oficina con un solo vocal operativo.
Contra la reforma, señaló, en primera instancia demandaron un amparo como cualquier ciudadano que se va a ver afectado en sus derechos políticos con la nueva ley, dado que se va afectar todo lo que tiene que ver con la organización de las elecciones.
Con el Plan “B”, indicó Cesar Coello, se ponen en riesgo las elecciones en México, y por eso se impugnaron sus efectos para prevenir, ya que si la ley sigue en curso, y se separa a las personas de su cargo, entonces sí se estarían violentando los derechos laborales de cada uno de los trabajadores o funcionarios del INE, lo que no ha pasado gracias a que se presentaron las demandas.
Con el Plan “B” recordó, se buscó reformar diversas leyes, violando con ello el proceso legislativo, los tiempos y las formas, al grado de que lo que establece la nueva ley, es contrario a la Constitución.
