La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó una estrategia desplegada de manera sistemática por el Estado, mediante la cual, -entre 1965 y 1990- se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra de cientos de militantes y simpatizantes de la izquierda.
Añadió que dichos actos fueron encubiertos por los anteriores titulares de la CNDH a través de una estrategia de ocultamiento y complicidad.
Al presentar una investigación sobre la violencia política de estado que sufrieron por lo menos 814 víctimas durante los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Organismo Nacional señaló:
“Otra cuestión que queda clara es la responsabilidad de la violencia política contra la ciudadanía por parte del Estado mexicano, que implicó a autoridades de todos los niveles, así como a las fuerzas policiacas y militares, en cuya cúspide de todo este complejo represivo, creado exprofeso, actuaron con total impunidad los presidentes de la República, desde Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez hasta José López Portillo, quienes siempre estuvieron enterados de las acciones de represión, las ordenaban, y las ocultaban”, detalló.
La CNDH explicó que luego de trabajar con las víctimas en localidades de Oaxaca, Morelos y Guerrero, se realizó un análisis de la violencia política de Estado con fines de exterminio en contra de la población campesina guerrerense durante los años setenta.
“Se da cuenta de las tácticas implementadas por el Ejército para obligar a la población rural a delatar y entregar a integrantes del movimiento guerrillero, así como de las formas de desaparición forzada implementadas, como los vuelos de la muerte y el posible uso de hornos crematorios en el Campo Militar Número 1”
CASOS DE TORTURA IRREPARABLES
El Organismo nacional indicó que las personas que vivieron de forma directa la violencia ejercida por el Estado, a través de la tortura, quedaron consecuencias psicológicas y físicas irreparables.
“A través de testimonios se observa que hubo daño físico irreparable que a pesar de someterse a cirugías o tratamientos quedaron discapacitados y además con secuelas psicológicas que les impidieron retomar la vida que tenían, sin tener el acceso a los medios de rehabilitación que requerían.
“Además, las personas que vivieron de forma directa esta violencia política perdieron sus empleos, sus fuentes de ingresos, sus hogares, sus tierras y hasta la salud física y mental”.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Segob, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a CoVEH, Sedena y FGR, efectuar un reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del Estado por las violaciones a los derechos humanos, preservar los sitios de memoria y también la creación de un Memorial.
“Específicamente, la CEAV deberá emitir un plan de reparación integral colectivo en favor de las 814 víctimas y otorgarles atención médica integral, psicológica y psiquiátrica.
“Por su parte, la Secretaría de Gobernación tendrá que realizar acciones tendientes a la recuperación del tejido social, fomentar la democracia participativa y optimizar la gestión documental de las administraciones presidenciales citadas”.
