Raymundo Riva Palacio
¿Hay lavado en el Banco del Bienestar?
Las alertas están contenidas en un correo confidencial enviado por la Agregaduría Militar y Aérea en la embajada de México en Caracas, el 17 de mayo de 2021
A mediados de 2020, el Departamento del Tesoro identificó a Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, y a una empresa asociada, Schlager Business Group, de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro mediante un polémico acuerdo llamado Petróleo por Alimentos, que llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera a abrir una investigación. Las cuentas de las empresas fueron aparentemente congeladas, pero él siguió operando y buscando negocios en el corazón de la 4T, con quien presumía tener relaciones al más alto nivel del gobierno. Con la carta blanca que le dio la inacción del gobierno y sus contactos, comenzó a trabajar el envío de dinero de Venezuela a México que involucraba al Banco del Bienestar.
La posibilidad de ese negocio fue platicada con Vivian Arlet Ruiz Barrera, donde se utilizaría una aplicación en la que el Banco del Bienestar funcionaría como intermediario, lo que levantó una alerta en la Secretaría de la Defensa Nacional. No era para menos. Ruiz Barrera ha sido identificada como la pareja del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, considerado como el poder real detrás y por encima del presidente Nicolás Maduro, y jefe de las Fuerzas Armadas, donde existe un oscuro grupo de generales que integran el llamado Cártel de los Soles.
Las alertas están contenidas en un correo confidencial enviado por la Agregaduría Militar y Aérea en la embajada de México en Caracas, el 17 de mayo de 2021, que se encuentra dentro de los cientos de miles de documentos que fueron filtrados por el grupo que se conoce como Guacamaya, que revela que, pese al señalamiento del Departamento del Tesoro, Leal mantuvo abiertos los canales de Petróleo por Alimentos, y que forma parte de una investigación intercontinental encabezada por la CIA, donde participan el Departamento de Seguridad Territorial, el FBI y la Agencia para el Control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, e involucra a más de una decena de gobiernos, cárteles de drogas y funcionarios mexicanos, el servicio de inteligencia venezolano y mafias rusas y rumanas.
No se ha encontrado aún el correo de la Secretaría de la Defensa dentro de los Guacamaya Leaks, que permita dar seguimiento a estas operaciones secretas de los gobiernos de México y Venezuela a través de intermediarios. El programa Petróleo por Alimentos establecía en un principio la entrega de 210 mil toneladas de maíz que, aparentemente, salieron del faltante en la fraudulenta empresa del gobierno, Segalmex, además de mil cisternas de agua, a cambio de 2 millones de barriles diarios de petróleo, que luego se elevaron a 30 millones, transportadas por las dos empresas de Leal, que fueron colocadas posteriormente en el mercado internacional –que por las sanciones no podía hacer Venezuela–.
El Departamento del Tesoro señaló que Leal y el empresario Alex Saab fueron los articuladores de Petróleo por Alimentos. Saab, considerado testaferro de Maduro, fue perseguido por Estados Unidos, y se logró su detención y extradición desde Cabo Verde en 2020. La caída del empresario venezolano, convertido aparentemente en informante de las autoridades estadounidenses, no detuvo a Leal. Para retomar la relación con la empresa petrolera venezolana, PDVSA, que era la que enviaba el petróleo a México, el ministro del Petróleo, Tareck El Assiami Maddah, nombró como enlaces a Hughel Rafael Roa Caruci y a un ciudadano colombiano, Álvaro Pulido Vargas.
Roa Caruci, que fue ministro de Educación y era diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Hugo Chávez y del que es miembro Maduro, fue detenido a fines de marzo por corrupción, acusado por la fiscalía de utilizar su jerarquía para gestionar que se asignaran cargamentos de crudo a operadores que no pagaban. Menos de tres semanas después, Pulido Vargas también fue detenido, como parte de la purga interna en la cúpula político-militar venezolana, que comenzó con la caída, también en marzo, del poderoso ministro El Assiami Maddah, que encabezaba una de las dos facciones de poder en torno a Maduro.
El Assiami Maddah estaba identificado desde 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro como un narcotraficante que coordinaba cargamentos de drogas para Los Zetas. El exministro era el facilitador de la red que buscaba evadir las sanciones de Estados Unidos en el sector petrolero, que estaban logrando con el apoyo de Leal y funcionarios dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también forma parte de la investigación intercontinental de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Las secuelas en México de todo este sacudimiento aún no son conocidas, salvo la investigación abierta donde aparece Leal, además de otros funcionarios y cercanos del presidente López Obrador que no estuvieron involucrados en Petróleo por Alimentos. Pero la repercusión podría no haberlo alcanzado, si cuajó el negocio con Ruiz Barrera, al que nadie se interpuso en México, que se sepa, pese a los malos antecedentes que había de la pareja del ministro de Defensa venezolano, que es una de las propietarias de Shasta, una aplicación móvil creada por un español y un venezolano, que sirvió para lavar dinero de militares y funcionarios venezolanos.
La aplicación fue autorizada en junio de 2020 por la Superintendencia del Sector Bancario en Venezuela, y 12 meses después Leal estaba negociando con Ruiz Barrera para traerla a México y que funcionara mediante la intermediación del Banco del Bienestar. La aplicación fue suspendida en Venezuela en agosto de 2021 por su uso criminal. No hay confirmación de que se haya puesto en práctica a través del Banco del Bienestar, señalado recientemente en Estados Unidos de ser una de las instituciones por donde los cárteles están lavando dinero mediante las remesas.
El gobierno atajó los señalamientos al anunciar que esa institución, creada por López Obrador, no recibiría remesas. En Venezuela, Maduro responsabilizó a Padrino López, pareja de Ruiz Barrera, de la producción, importación y distribución de alimentos. Tampoco se conoce qué sucedió con el programa Petróleo por Alimentos.
