Alexis Massieu
En un intento de aprovechar la sentencia que dictó la Corte Interamericana, declarando a la prisión preventiva como violatoria de los derechos humanos, los abogados de un presunto asesino, trataron de convencer a un juez para que lo dejara en libertad, aplicándole a su cliente otra medida cautelar, como pudiera ser el brazalete electrónico.
Fue el día de ayer, que a primera hora, se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, una audiencia catalogada como: “revisión de medidas cautelares”, cuya finalidad era la de conseguir que un juez liberara a Josué Israel “N”, acusado del homicidio a balazos de Roberto Morarles Nandín, el año pasado.
El intento de sacar de prisión al imputado, tenía como base, una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de analizar mediante el control de convencionalidad, un caso ocurrido en éste país en el año 2016, y determinar, que el no justificar las medidas cautelares, como es la prisión preventiva, es violatorio de los derechos humanos.
Cuando Josué Israel “N”, fue detenido y vinculado a proceso, el juez que se hizo cargo, como el Ministerio Público que lo acusó, no tenían la obligación de justificar el por qué lo iban a mandar a prisión, ya que, en la Constitución, el homicidio es un delito de prisión forzosa o de oficio durante el tiempo que dure el juicio.
A casi un año de ocurrido el crimen, el ex funcionario municipal de Castaños, Josué Israel “N”, deberá continuar en la cárcel, hasta que se decida si es inocente o culpable, de la muerte violenta de quien era su mecánico.
Como se recordará fue la noche del 7 de mayo del 2022, que presuntamente, Josué Israel “N”, arribó al taller mecánico que tenía Roberto Morales Nandín, a quien le reclamó que no le había hecho bien un trabajo y le disparó.
Josué Israel “N”, el supuesto homicida, resultó lesionado de gravedad, a tal grado que la orden de aprehensión se hizo efectiva cuando aún se encontraba internado en el hospital Amparo Pape de Benavides.
Actualmente a la prisión preventiva de oficio, se le considera por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una pena anticipada para quienes están siendo enjuiciados, y por ese motivo están incrementando el número audiencias en las que los abogados defensores, piden que a sus clientes, los dejen en libertad.
