Por Rubén Moreira Valdez
Delincuencia organizada en las elecciones
Imagínese a un elefante en una habitación, cuya presencia no quieren reconocer sus ocupantes, porque tendrían que hacerse corresponsables de detener y reparar sus destrozos, así como sacarlo del recinto, y nadie sabe cómo, nadie se siente capaz solo, pero tampoco confía en la capacidad de los otros. Así que ahí vive el animal y todo mundo lo evade, acomodándose en los espacios que deja sin ocupar, como si no estuviera. Más que incomodidad, esta situación implica una pérdida total de libertad y autonomía, así como la posibilidad de ser aplastado.
Pues eso es justamente lo que está pasando en México con la intervención, cada vez mayor y más violenta, del crimen organizado en los procesos electorales: nadie quiere ver el gigantesco problema, aunque esté a punto de aplastarnos. Sobre este tema discurrí el pasado jueves 4, durante la séptima sesión del Seminario “Retos de las Instituciones Electorales”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial Electoral, el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo y la Revista Voz y Voto.
Advertí que el problema es gravísimo y amenaza con absorber a la democracia que hemos venido construyendo en las dos últimas décadas. El crimen organizado es el verdadero enemigo; no nos distraigamos, no ignoremos al elefante, no normalicemos su presencia ni nos acomodemos a los espacios que no ocupa.
Si el combate efectivo al crimen organizado depende, sobre todo, como he venido insistiendo, de la voluntad política de los gobernadores –y así lo ha demostrado Coahuila desde hace más de una década–, en las estrategias para detener su injerencia en los procesos electorales es imprescindible la acción determinada de la autoridad correspondiente: el Instituto Nacional Electoral.
Se requieren para esto urgentes reformas legales. He propuesto varias, que están pendientes de análisis o han sido rechazadas, para no tener que hacerse cargo del elefante. Entre ellas, dos de carácter constitucional, para establecer como causa de nulidad de las elecciones la intervención del crimen organizado durante las mismas y estipular prisión preventiva oficiosa por la participación de organizaciones delictivas en procesos electorales. Me referiré a éstas y otras, con más detalle, en un próximo artículo.
Por ahora es importante resaltar que debemos comenzar haciendo visible al elefante para entender sus verdaderas dimensiones y el daño que ha causado. Para ello, considero necesaria la participación de observadores internacionales en las zonas conflictivas durante los procesos electorales, a lo cual exhortaré próximamente en una Proposición con Punto de Acuerdo.
Me parece indispensable, asimismo, que se realicen foros sobre este asunto en concreto, para, entre otras cosas, precisar y formalizar mapas de riesgo. Existen otras acciones que podrían realizarse al amparo de las leyes vigentes sin que estén específicamente estipuladas, pero sí resulten obligadas, como las que tengan que ver con los derechos humanos, a cuya protección, promoción, respeto y garantía está obligada toda autoridad, conforme al Artículo 1° Constitucional.
Esto haría posible, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral pudiera suspender temporalmente un proceso electoral en un sitio determinado, si una persona candidata se encuentra desaparecida o es asesinada, para reestablecer el orden y la equidad en la contienda.
El tema es amplio, muy complejo y, asumiéndome como uno los políticos más preocupados al respecto, habré de continuar impulsándolo.
