Los casos de fraudes cometidos por influencers son cada vez más frecuentes e inverosímiles. Suelen tener una alta credibilidad entre sus seguidores, especialmente en nichos específicos.
El Financiero
Se hizo llamar el “Rey del Hígado” (“The Liver King”), durante años adoctrinó a sus millones de seguidores en un estilo de vida “ancestral”, que incluía comer testículos crudos de animales y dormir en camas de madera. Sus videos promovían este método como una forma natural para obtener cuerpos musculosos.
Paralelamente, forjó un imperio de suplementos alimenticios con ingresos millonarios. Todo se derrumbó cuando una filtración dejó al descubierto su verdadero secreto, no era el hígado crudo sino grandes dosis de esteroides anabólicos. Hoy las empresas del “Liver King” enfrentan una demanda colectiva de consumidores decepcionados.
Los casos de fraudes cometidos por influencers son cada vez más frecuentes e inverosímiles. En diciembre pasado, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó cargos en contra de ocho individuos que aprovecharon su popularidad en redes sociales para convencer a inversionistas inexpertos de comprar determinadas acciones de empresas, una vez que el precio subió por la demanda de sus seguidores, estos influencers se deshicieron de las acciones que habían adquirido previamente, ocasionando un desplome del precio y llevándose ganancias de aproximadamente 100 millones de dólares (1).
Los influencers suelen tener una alta credibilidad entre su base de seguidores, especialmente en nichos específicos. Son vistos como expertos en sus campos y a menudo se perciben como más accesibles y auténticos que las figuras tradicionales de autoridad. El vacío legal en torno a esta materia ha sido campo fértil para los abusos e incluso delitos en detrimento de los consumidores.
Los legisladores de varios países están atendiendo el problema, por ejemplo, el senado francés aprobó una ley que prohíbe a los influencers publicitar cirugías cosméticas o sitios de apuestas. También se establece la obligación de informar a los seguidores cuando un video o imagen ha sido retocado mediante filtros o inteligencia artificial, las sanciones incluyen penas privativas de libertad.
En México se han presentado varias iniciativas de ley, pero aún estamos lejos de cristalizar una norma que atienda nuestros problemas. Probablemente usted recuerde que en dos elecciones federales (2015 y 2021) conocidos influencers violaron la veda electoral para hacerle propaganda al Partido Verde, apareciendo en redes sociales, elogiando “espontáneamente” las propuestas de ese partido y anunciando que votarían por ellos. El tema acabó en algunas multas y una amonestación para el partido, no hubo elementos para una sanción ejemplar debido a que la ley electoral no prevé la intromisión indebida de los influencers. Si llegamos a la elección del 2024 en las mismas circunstancias, el fenómeno se repetirá, acuérdese de mí.
Post scriptum: En el reporte anual especial 301 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se criticó fuertemente a México por no dedicar recursos y personal para combatir la piratería, el único que se salvó fue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), señalado como la única opción efectiva ante estos casos.
