Por Rubén Moreira Valdez
En diversas intervenciones públicas he manifestado que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación de defender la democracia y actuar dentro de sus atribuciones para contrarrestar la intromisión del crimen organizado en las elecciones, comenzando por reconocer el problema en su exacta dimensión.
Elección tras elección, la delincuencia organizada ha ido extendiendo su intervención en los comicios, amenazando, desapareciendo, asesinando y corrompiendo cada vez más aspirantes y candidatos a puestos de elección popular, sobre todo a nivel municipal; reforzando así su imperio, gradualmente, conforme va aumentando a lo largo y ancho del país el territorio bajo su control. Es sotto voce que el narco impulsa candidaturas y hasta cobra piso a los municipios.
En algunos lugares de México opera ya como un partido político ilegal y, sin duda, en el 2024 será un poderoso actor electoral, como demostró serlo en los procesos de 2017-2018 y 2020-2021, los de mayor violencia desde la transición. En conjunto, registraron un saldo de 1,840 crímenes contra políticos, 254 de los cuales fueron asesinatos, 84 de éstos últimos de aspirantes y candidatos a puestos de representación popular.
Nadie voltea a ver al elefante en la habitación, porque nadie quiere o cree poder sacarlo de ahí. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya lo percibió de reojo, aunque más en calidad de inconveniente que del mayor enemigo de la democracia, justamente lo que es.
Es así que, en sentencia de 2021, relativa a al proceso electoral de Michoacán, ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) crear una política pública para prevenir factores de riesgo de violencia en los comicios, particularmente la que ejerce el crimen organizado.
Aunque determinó que las pruebas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática sobre la intervención de la delincuencia organizada en las elecciones eran inadmisibles, por cuanto consistían en notas periodísticas, sí consideró que se trataba de hechos notorios y, por tanto, merecedores de la orden señalada en el párrafo anterior.
La sentencia del TEPJF enlista una serie de recomendaciones, entre ellas generar mapas de riesgo y celebrar convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública, para diseñar metodologías y planes de acción en zonas conflictivas o de riesgo.
Es crucial reconocer que ese elefante está en la habitación, que cada día crece más y que está dispuesto a aplastarnos. Podemos sacarlo, no solo de las elecciones, sino de la vida cotidiana de los mexicanos, si dejamos de normalizar su presencia, unimos esfuerzos y asumimos responsabilidades.
Aunque el TEPJF no ordenó legislar al respecto, el Congreso de la Unión está más que obligado, porque la ley es el marco que puede ampliar las facultades y obligaciones de los órganos y los partícipes electorales. Es importante actuar, analizar los fenómenos delictivos y darles herramientas, tanto a éstos, como a los tres órdenes de gobierno.
Las propuestas están hechas en la Cámara de Diputados, pero no han prosperado. Y me atrevo a decir que soy prácticamente el único que las ha elaborado y, por cierto, en consonancia con las del Tribunal, aunque por supuesto aterrizadas. En el próximo artículo habré de exponerlas a detalle.
Hasta ahora, solo los gobiernos priistas de Coahuila han tenido esa voluntad y han asumido esa responsabilidad. El actual candidato del PRI a la gubernatura la ha hecho su lema de campaña. No he oído a ningún otro aspirante o corcholata para el 2024 decir “yo le entro”.
