CIUDAD DE MÉXICO.-Aprovechado los vacíos en la ley, los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República se promueven rumbo a la elección de 2024 en plena impunidad.
Eventos masivos, bardas, espectaculares, mantas, propaganda utilitaria, publicaciones en redes y en otros medios con su nombre e imagen, además de la aceptación abierta de sus deseos presidenciales y hasta presentaciones de planes de gobierno han predominado en sus agendas desde hace meses.
Prácticamente no hay diferencia respecto de la campaña de un proceso constitucional y derrochan recursos sin rendir cuentas sobre su origen y destino.
Desde el 12 de junio del 2022 en Toluca, cuando la dirigencia nacional de Morena arrancó «los trabajos de organización interna» rumbo a las elecciones 2023 y 2024, el INE ha resuelto ya 79 quejas contra las llamadas corcholatas.
En todos los casos la Oposición los acusa de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
Sin embargo, sólo un 10 por ciento ha sido procedente, por lo que el INE los ha obligado a exhortar a sus seguidores a bajar la promoción o deslindarse.
En todas las resoluciones se les ha exigido respetar la norma electoral y ser cuidadosos en su actuar, pues son servidores públicos. Sin embargo, su activismo va en aumento.
Aunque la Sala Especializada del Tribunal Electoral debe pronunciarse sobre el fondo de las denuncias, emitir criterios y determinar si se usaron recursos públicos, la mayor parte de las quejas duermen el sueño de los justos, por lo que consejeros electorales han incrementado la presión para que los magistrados emitan reglas.
