Yuriria Sierra
Legítima defensa
Roxana salió libre después de pasar varios meses en la cárcel, pero fue condenada a seis años de prisión. “Un golpe en la cabeza habría sido suficiente”, alegó la jueza, quien señaló que Roxana hizo uso excesivo de la fuerza, ésa que está definida de manera sumamente vaga en la ley; pero que, aun con precisiones, en la lógica se entiende como “su vida o la mía”, cuando se habla de actos no consensuados que nos ponen en riesgo. “El precio por no dejarte violar y matar en México es ir a la cárcel…”, declaró Roxana.
“Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende (…) Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente…”, esto dice el artículo 15, fracción IV, del Código Penal Federal respecto a la exclusión de un delito. Es el apartado legal que se utiliza para alegar legítima defensa.
Bajo esta redacción se juzgó el caso de Roxana Ruiz, una joven que en 2021 fue violada por un joven en su propia casa. Ella se defendió, era su vida o la del agresor, lo asfixió y cayeron, él se golpeó en la cabeza y murió. Roxana tuvo miedo, fue detenida y confesó lo que había ocurrido. Ahí se sumó una de las traducciones del sistema de aplicación de justicia en nuestro país: irregularidades. No le aplicaron exámenes ginecológicos para comprobar el abuso y la revictimizaron: arguyendo que ella accedió a que se quedara en casa bajo el pretexto de que vivía muy lejos.
La historia que siguió después la hemos conocido con mayor detalle en los últimos días: Roxana salió libre después de pasar varios meses en la cárcel, pero fue condenada a seis años de prisión. “Un golpe en la cabeza habría sido suficiente”, alegó la jueza, quien señaló que Roxana hizo uso excesivo de la fuerza, ésa que está definida de manera sumamente vaga en la ley; pero que, aun con precisiones, en la lógica se entiende como “su vida o la mía”, cuando se habla de actos no consensuados que nos ponen en riesgo. “El precio por no dejarte violar y matar en México es ir a la cárcel…”, declaró Roxana al diario El País.
En la práctica, en todo asunto legal en nuestro país lo que vale es la interpretación de la autoridad, no importa cuáles sean las circunstancias. Es ese entendimiento de quien hace aplicar la ley lo que convierte a la víctima en victimario. Eso fue lo que ocurrió con Roxana Ruiz. ¿Uso excesivo de la legítima defensa? ¿Sólo porque se atrevió a defenderse para no ser parte de esas 10 mujeres que son asesinadas en México cada 24 horas desde hace varios años?
Ahora Roxana teme por su vida y su libertad porque, a pesar de que legalmente fue absuelta, gracias a la labor de colectivas y su defensa, en este momento corre el tiempo para que la familia del agresor presente una apelación. Roxana vive hoy en una casa de seguridad. Y este caso es el más claro ejemplo de los vicios y resquicios por donde opera la impartición de justicia en México.
En un país con los números de violencia que registra todos los días, el expediente de Roxana debería obligarnos a buscar las herramientas para resanar las grietas en las que muchas víctimas quedan atrapadas y de las que algunas ya no pueden salir.
