Yuriria Sierra
Confianza y castigo
Indignación cuando el país entero vio cómo un sujeto arrojaba a un perrito a un cazo lleno de aceite hirviendo. El enojo creció exponencialmente cuando nos enteramos que Sergio “N” era policía en activo. Apenas se identificó a este hombre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX lo dio de baja. Un personaje como éste empaña la labor que, desde hace varios años, se realiza en esta institución a cargo de Omar García Harfuch. Su detención, además, se dio a gran velocidad en la alcaldía Coyoacán, gracias a un trabajo coordinado con la SSC y las Fiscalías de la capital, a cargo de Ernestina Godoy, y el Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes.
Sin embargo, este jueves, García Harfuch reconoció fallas en la evaluación de control de confianza, y junto a la jefa de Gobierno, expresó: “Estamos trabajando en todo el perfil de esta persona, él tenía control de confianza vigente, que también quiero decir que eso no nos dice mucho, como decía la doctora, nosotros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hemos comunicado con toda transparencia las detenciones que hacemos de los compañeros, hace poco presentamos toda una célula de extorsionadores y que privaban de la libertad, que también había varios (compañeros con controles) vigentes, esto no nos dice mucho”.
Es cierto lo que afirma, específicamente, cuando habla sobre las detenciones que han hecho a policías que cometen algún delito. Tanto en eventos como en redes sociales, él mismo ha hecho públicos estos arrestos, más de 300. García Harfuch entiende que sólo así, con esa limpieza institucional, es que se robustece la confianza que la ciudadanía tiene en los cuerpos encargados de su seguridad.
Así como Sergio “N”, nos hemos enterado de otros policías en todas partes del país, involucrados en hechos de violencia: acusados y sentenciados por casos de feminicidio; los que abusan de su autoridad y amedrentan a vecinos cuando están en descanso; los que usan excesiva fuerza para retirar a vendedores en la vía pública, capaces de tirar la mercancía a la vista de todos y un largo etcétera.
García Harfuch reconoce fallas en los protocolos de control de confianza (sabemos su compromiso en el tema): sería buen momento para llevar a nivel federal una propuesta que obligue a exámenes psicométricos frecuentes a todos quienes forman parte de los cuerpos policiacos. Resulta imposible entender la estructura mental de quien es capaz de actos de brutalidad como el que mató al perrito Scooby. O simplemente de quienes se encuentran permanentemente sometidos a niveles de estrés elevadísimos en un país en que la violencia y el crimen organizado se han replicado como un cáncer imparable.
“La violencia contra los animales, no solamente por sí misma es lamentable, es terrible y no debe ocurrir, sino que, además, lleva a otras violencias; por supuesto, que tiene que haber la mayor sanción”, expresó ayer Claudia Sheinbaum.
El caso de Tecámac también debería ser excusa, motor para que las sanciones no sólo sean mayores —en ese caso, al haber ocurrido en el Estado de México, alcanzaría una sanción de máximo seis años— también para que escalen a nivel federal. Si bien prácticamente en todas las entidades del país se contemplan sanciones al maltrato animal, ya hay precedentes de castigos de tipo penal, como el de Querétaro, donde el asesino de Athos y Tango, dos perritos rescatistas, fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa de más de 2 millones de pesos; hay estados como Guanajuato, donde sólo están consideradas penas de tipo administrativo. Todas las violencias deberían castigarse por igual, no importa el punto en el territorio nacional donde acontezcan.
