Por Rubén Moreira Valdez
El Estado de Derecho está en constante riesgo en países con un alto nivel de criminalidad, comenzando por uno de sus principales pilares, la democracia. Ésta es, a grandes rasgos, una de las conclusiones del más reciente Índice Global del Crimen Organizado, que coloca a México en el cuarto lugar mundial con mayor presencia de este flagelo.
Es evidente que mientras más territorio controle el crimen organizado, más poder político va ganando, pues una de sus estrategias es corromper, amenazar y hasta asesinar servidores públicos o aspirantes y candidatos, para operar con “manga ancha” y, por supuesto, obtener dinero del erario público.
El citado Índice destaca que México cuenta con una de las delincuencias organizadas más sofisticadas del mundo, de manera que no es de extrañar que su operación se haya extendido a las elecciones, en una cada vez más notoria y extendida influencia, aunque se pretenda ver el asunto como una serie de casos aislados.
Observadores de los comicios de 2021, los más grandes de la historia del país, por la concurrencia federal, estatal y municipal, informaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que, de acuerdo a sus estimaciones, alrededor del 35 por ciento del territorio nacional fue impactado por el crimen organizado.
El elefante sí está en la habitación, crece cada día más y ya es tan grande, que solo alcanzamos a verle la trompa. Para apreciarlo en su verdadera dimensión debemos comenzar por dejar de llamar violencia política a la violencia delincuencial en los procesos electorales. Ese es un nombre que minimiza la magnitud del problema. Hay, por parte del crimen, una maquinación para apoderarse de los organos de gobierno y ponerlos a su servicio.
Para contener al principal enemigo de la democracia en México, el crimen organizado, no basta una estrategia exitosa de seguridad pública, que ni siquiera tenemos, lamentablemente: es necesaria una de carácter electoral, dirigida a combatir específicamente esa intromisión.
He presentado en la Cámara de Diputados diversas iniciativas de reforma para detener y erradicar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Desafortunadamente no han progresado, pero creo que son, más que pertinentes, indispensables en la defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho.
Comenzaré por describir las propuestas para modificar la Constitución:
El 21 de diciembre de 2022 apareció en la Gaceta Parlamentaria mi iniciativa para reformar los artículo 19, 34, 41 y 115, que propone establecer prisión preventiva oficiosa por la participación de organizaciones delictivas en los procesos electorales; crear las figuras del comisionado y el observatorio electorales, con las facultades necesarias para determinar posibles elementos para considerar una infiltración de organizaciones delictivas en los procesos electorales; y facultar al INE para dar vista de ello a los congresos estatales, solicitando la disolución de los gobiernos municipales respectivos.
El 28 de marzo de este año apareció en la Gaceta Parlamentaria la propuesta para reformar el artículo 41 constitucional, de manera que la intervención del crimen organizado en las elecciones federales y locales sea una causa de nulidad de las mismas.
En el próximo artículo abordaré la iniciativa de reforma a leyes secundarias. Entre otras modificaciones, propongo cancelar el registro y retirar el financiamiento a los partidos políticos que permitan la injerencia del crimen organizado en su favor durante los procesos electorales. Es imperativo blindar nuestra democracia de la interferencia del crimen organizado, al que hay que combatir en todos los frentes.
