Yuriria Sierra
RIP al plan B
Ha quedado claro que el Poder Judicial se mantiene como un contrapeso esencial en nuestra democracia.
En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico en relación con el llamado plan B propuesto por el presidente López Obrador. Este plan, que buscaba reformar diversas instituciones y órganos autónomos, ha generado intensos debates y divisiones en el país. Ahora, con el veredicto de la SCJN, es necesario analizar tanto los votos de los ministros en lo particular como las denostaciones del Presidente contra todos los ministros, pero particularmente contra Javier Laynez y Norma Piña, quienes se han convertido ya en el imaginario público en los cuidadores, no sólo del orden constitucional, sino guardianes de la democracia.
El fallo de la SCJN sobre el plan B, que declaró inconstitucional varias de sus disposiciones, ha dejado claro que el Poder Judicial se mantiene como un contrapeso esencial en nuestra democracia. Los ministros, al emitir sus votos, demostraron independencia y un profundo conocimiento de la Constitución. Este tipo de decisiones ayudan a fortalecer la división de poderes y aseguran que ninguna rama del gobierno tenga un poder absoluto.
Sin embargo, el presidente López Obrador ha expresado su descontento con el fallo de la SCJN y ha denostado a los ministros que se pronunciaron en contra de su propuesta. Este tipo de actitudes no sólo socavan la independencia del Poder Judicial, sino que también fomentan una polarización y un ambiente de confrontación que no beneficia en nada a nuestra sociedad. Y tampoco a su gobierno.
La crítica y el debate son esenciales en una democracia saludable, pero siempre deben realizarse dentro de los límites del respeto y la legalidad. Atacar y desacreditar a los ministros, a los jueces y a los magistrados debilita la confianza en nuestras instituciones y puede sentar un peligroso precedente. Todos los actores políticos deben recordar que están al servicio de la ciudadanía (de toda, no sólo de la porción compuesta por los partidarios incondicionales del Poder Ejecutivo) y deben actuar con responsabilidad y respeto.
El fallo de la SCJN sobre el plan B es un recordatorio de que las instituciones democráticas están diseñadas para proteger los derechos de todos los ciudadanos y asegurar un equilibrio de poderes. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de respetar las decisiones judiciales y aceptar que el poder no puede ser concentrado en una sola persona o grupo. Andrés Manuel López Obrador, a quien tanto le interesa el lugar que tendrá en la historia, debería recordar el que se han ganado los personajes que, por más carismáticos que hayan podido ser durante un determinado momento de su carrera política, olvidan los principios de autocontención y de construcción de consensos. Un lugar nunca halagüeño.
La polarización y los ataques personales sólo nos alejan de una verdadera democracia y de la construcción de un México más justo y equitativo. El último fallo de la SCJN sobre el plan B nos recuerda que vivimos en un país donde el Estado de derecho y la independencia judicial deben ser fundamentales. Sólo así podremos avanzar hacia un futuro en el que prevalezca el respeto, la legalidad y el bienestar de todos los mexicanos. De todos. Y el plan B nunca fue pensado para todos los que cabemos en esta democracia a la que tanto, tantísimo trabajo costó hacer la transición. Más parecía un plan para un tránsito con “vuelta en u” hacia la autocracia.
