Yuriria Sierra
Esa violencia en el “no narcoestado”
En las últimas semanas, México ha sido testigo de un incremento alarmante en la violencia, especialmente en Michoacán y en Chiapas. Estos eventos trágicos han sacudido la nación y han dejado a la sociedad preguntándose cuándo y cómo se podrá poner fin a esta espiral de violencia.
En Michoacán, una tierra marcada por años de conflicto entre grupos delictivos, el asesinato contra Hipólito Mora ha resonado profundamente en todo el país. Mora, líder de las autodefensas y defensor de la justicia en su comunidad, fue una figura valiente que luchó incansablemente por la seguridad de su gente. Su muerte representa un golpe doloroso para aquellos que creían en la posibilidad de un cambio y una vida mejor.
Su asesinato no es un caso aislado. Michoacán ha sido testigo de una ola de violencia desenfrenada en las últimas semanas, con enfrentamientos entre grupos criminales y ataques indiscriminados que han cobrado la vida de numerosos inocentes. Las comunidades locales viven bajo el constante temor de la violencia y la impunidad, lo que ha generado un clima de desesperanza y desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Y el gobernador Ramírez Bedolla negó un clima de violencia y se atrevió a culpar a Mora de su muerte.
Por otro lado, en Chiapas también hemos sido testigos de actos de violencia atroces. El secuestro de funcionarios estatales, la desaparición de una chica cantante, los enfrentamientos entre grupos indígenas y la violencia desatada en el contexto de protestas sociales han dejado un rastro de dolor y sufrimiento en toda la región.
La pérdida de vidas humanas y el desplazamiento forzado de comunidades enteras son consecuencias inaceptables que demandan una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades. Apenas anteayer surgía un nuevo grupo armado de autodefensa en Pantelhó para luchar contra las autoridades y el crimen organizado. El gobernador Rutilio Escandón minimiza la violencia y opta por hablar del Tren Maya.
Ante esta triste realidad, es imperativo que las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad y redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Se requiere un enfoque integral que vaya más allá de la simple respuesta militar, abordando las causas profundas de la violencia y promoviendo el desarrollo social y económico de las regiones afectadas.
Es fundamental fortalecer el sistema de justicia y combatir la impunidad que alimenta la violencia. Los crímenes deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia, sin excepciones ni privilegios (como se nos promete que ocurrirá elección tras elección, local y federal. Y nada. Todos los partidos han gobernado. Y nada). Pero lo cierto es que sólo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y enviar un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en nuestro país.
La sociedad mexicana, junto con organizaciones civiles y líderes comunitarios, debe unirse en un frente común contra la violencia y trabajar juntos para construir un México más seguro y justo. La violencia no define nuestra identidad como nación, pero sí pone a prueba nuestra determinación para superar estos desafíos y construir un futuro mejor.
Viene temporada electoral: nos toca exigir a todos los candidatos y candidatas compromisos muy claros y determinantes en lo que toca a la oferta de políticas públicas serias y contundentes en lo referente a seguridad pública e impartición de justicia.
