Pascal Beltrán del Río
Se asoma la narcopolítica
El 28 de octubre de 2021, apenas dos semanas después de la toma de posesión de la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, se filtró en redes sociales un video en el que aparece el entonces fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos, conversando con un personaje encapuchado, vestido con ropa tipo militar.
La grabación dura apenas once segundos, pero en ella se escucha una conversación cordial, así como la petición de un “favor”. Al día siguiente de la difusión del video, el funcionario presentó su renuncia, argumentando motivos personales.
Ayer, menos de dos años después de esa filtración, se conocieron dos fotografías y un video, que vuelven a poner en evidencia la relación entre servidores públicos de Guerrero y miembros del hampa.
En ellos aparecen la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, y quien es identificado como Celso Ortega Jiménez, jefe de Los Ardillos, una de las bandas criminales que operan en Guerrero. En una de las fotos, ella lo saluda de mano.
Dicho grupo delincuencial fue fundado hacia el año 2000 por Celso Ortega Rosas, alias La Ardilla, padre de Ortega Jiménez, quien junto con sus hermanos heredó el liderazgo luego del asesinato de aquél, en enero de 2011. En años recientes, Los Ardillos han disputado con la banda de Los Rojos, el control de una franja del estado, que va de Chilapa a Tlapa. Benjamín, uno de los hermanos Ortega, es diputado local.
El 22 de octubre pasado, en el pueblo de Colotepec, sobre la carretera Chilapa-Tlapa, un grupo de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores, detuvieron la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una visita suya a la región de La Montaña baja de Guerrero, para pedir su intervención para detener la violencia provocada por Los Ardillos. Los quejosos mencionaron específicamente a los hermanos Celso y Benjamín Ortega, así como al presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban. Dos semanas después, tres de los miembros de esa comitiva fueron asesinados por hombres en motocicletas, que les dieron alcance cuando se dirigían a Chilpancingo a comprar refacciones para un vehículo.
Las imágenes en las que aparece la alcaldesa de la capital guerrerense conversando con Celso Ortega se tomaron aparentemente en un restaurante de Quechultenango, municipio donde se fundó el grupo de Los Ardillos.
En el audio, ella saluda y se sorprende de que su interlocutor sea más joven de lo que se imaginaba. El líder criminal, quien lleva una pistola a la cintura, le responde “ya estamos viejos”. En una parte de la plática, Hernández Martínez se dice dispuesta a “ayudar” y afirma: “Ni me interesa a qué te dedicas”. Cuestionada ayer por periodistas, la funcionaria no negó que la reunión haya tenido lugar, aunque comentó que el video estaba editado y que no se había establecido ningún pacto.
Las fotos y el audio se dieron a conocer días después de que aparecieron, en una plaza del centro de Chilpancingo, los restos de varias personas ejecutadas y algunas cartulinas firmadas por un grupo criminal. En una de ellas, se señala al síndico Audrey Marmolejo por utilizar el dinero de las licencias comerciales para pagar cuotas a Los Tlacos, grupo delincuencial que opera en el estado; en otra, firmada “tu amigo”, se pregunta a la presidenta municipal cuándo tendrá lugar “el segundo desayuno que me prometiste, después de que viniste a buscarme”.
El encuentro de la alcaldesa con el líder de Los Ardillos –sucedido, según ella, en el inicio de su administración– no puede ser tratado como una anécdota sin importancia, pues se da en un contexto de creciente violencia criminal en el estado de Guerrero y de señalamientos de extorsión por parte de delincuentes a sectores de la economía local.
Si las autoridades guerrerenses y de otras partes del país están penetradas por los cárteles, debe saberse y atacarse, sobre todo cuando México está a punto de entrar en un proceso electoral en el que habrán de renovarse nueve gubernaturas, 31 congresos estatales y la enorme mayoría de los ayuntamientos, entre otros cargos. No debe permitirse que la narcopolítica sea el sello de los comicios.
