Por Rubén Moreira Valdez
Nuevo León se ha convertido otra vez en núcleo de operaciones del crimen organizado para el Noroeste del país. La ejecución de seis personas hace unos días en Apodaca es apenas la punta del iceberg.
Es imposible transitar con seguridad por sus carreteras y ya son noticia común las ejecuciones y los atentados. Tan solo en mayo pasado, conforme a cifras de Lantia Intelligence (plataforma digital de datos sobre violencia en México) fueron ejecutadas 84 personas, que representan el 79 por ciento de los 106 homicidios dolosos reportados para el mismo mes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Su vecino Coahuila fue, por otra parte, el estado con menos ejecuciones en todo el país, solo una.
El antiguo centro delincuencial de la región: Tamaulipas, ya dejó de interesarle al narco. Ahí solo hubo dos ejecuciones en mayo. El crimen organizado volvió en grande a Nuevo León, donde hay mercados en expansión que están peleándose bandas y cárteles; pero, sobre todo, la laxitud que necesitan por parte de las autoridades para operar a sus anchas. Esto explica por qué 2021 y 2022 han sido los años más violentos de la última década, después de 2011 y 2012, con 1,069 y 1,328 homicidios dolosos, respectivamente, frente a 2,003 y 1,459 de aquellos dos años, conforme a la base de datos del SESNSP.
La cifra va en aumento de manera alarmante: mientras de enero a mayo de 2022 se registraron 495 homicidios dolosos, en el mismo periodo de este año llegaron a 781, es decir, se elevaron en 57 por ciento. De no tomarse medidas radicales, podrían rebasarse las mayores cifras históricas.
Desafortunadamente, la tasa de feminicidios se elevó también de forma dramática: de 66 en 2021 a 102 el año pasado, lo que colocó a Nuevo León como el segundo estado con más casos en el país, solo 36 menos que el Estado de México, que ha venido ocupando persistentemente el primer lugar.
Nuevo León está fuera de control en materia de seguridad pública, principalmente porque su gobernador no asume la responsabilidad que le corresponde: tomar el liderazgo e implementar una estrategia multidimensional.
Me llama la atención que empresarios y líderes que en el pasado fueron muy activos en el reclamo de paz, ahora permanezcan en el silencio. Me preocupa que las autoridades del estado sean reyes en las redes sociales, mientras en las calles de Monterrey y su zona metropolitana los reyes son los delincuentes.
La percepción de inseguridad en el estado subió seis puntos porcentuales de 2021 a 2022, para colocarse en 67.9 por ciento, pero las autoridades esperaron a que sucediera un hecho mediático para mostrar algo de responsabilidad: tras las ejecuciones de Apocada, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, informó que solicitará refuerzos militares para formar un cerco de seguridad en los municipios de la periferia de Monterrey.
Sin embargo, la sola intervención del Ejército, valiosa como es, no se acerca a la solución, que va mucho más allá de enfrentar metralla con metralla a los delincuentes. Hay que comenzar por cerrarle las fuentes de financiamiento al narco, “limpiar”, fortalecer y profesionalizar a las policías, establecer una estrategia de sólida coordinación entre corporaciones de seguridad, involucrar a la población en su cuidado, con mejores salarios y empleos, obra pública y otros beneficios que le hagan desistir de colaborar con el crimen organizado, entre otras acciones.
Una pena lo que viven hoy nuestros hermanos de Nuevo León.
